Las discusiones políticas por la seguridad ciudadana, la aplicación de la ley y la verbena garantista de la «puerta giratoria» para los delincuentes detenidos atravesó los gruesos muros del edificio de la avenida Comodoro Py 2002: a contramano de una reciente resolución que declaró inconstitucionales las normas que impedían la libertad condicional a los narcotraficantes detenidos, otra sala de la misma Cámara Federal de Casación Penal que había firmado esa decisión resolvió lo contrario este lunes.
Con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, la Sala IV del máximo tribunal penal del país convalidó el rechazo de libertad condicional de una persona condenada a 6 años de prisión por narcotráfico.
Se trata de Javier Alejandro Romero, integrante de una organización criminal de catorce personas que fue condenado por transportar, almacenar, distribuir y comercializar estupefacientes con amplio despliegue geográfico en distintas jurisdicciones del territorio nacional.
Con la disidencia parcial de Gustavo Hornos -quien no votó a favor del narco Romero sino de convocar a una audiencia para tratar el caso-, la Casación declaró inadmisible el recurso de la defensa de Romero contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, que había rechazado su pretensión de ser incorporado al régimen de libertad condicional.
El pedido de libertad anticipada había sido efectuado en virtud de que, según sus abogados, Romero cumple el requisito temporal y los restantes recaudos que establece el artículo 13 del Código Penal.
Pero Borinsky y Carbajo convalidaron el rechazo de la pretensión aludida, y resaltaron -entre otras cuestiones- que Romero no sólo registra un informe absolutamente desfavorable de la unidad de detención donde se encuentra alojado, sino que también registra otra causa en trámite en la cual se encuentra procesado con prisión preventiva.
Es más, en ese segundo caso Romero está acusado por vender drogas adentro de la cárcel en la que cumplía la condena que ahora pretendía terminar en libertad condicional.
Más allá de la suerte personal del narcotraficante, la resolución de la Sala IV desnuda una profunda interna jurídica en la Casación Federal, donde tramitan todas las apelaciones de las condenas de los Tribunales Orales Federales del país, que juzgan delitos de narcotráfico, trata de personas y también corrupción de los funcionarios públicos nacionales.
Días atrás, con los votos de los jueces Juan Carlos Gemignani y Angela Ledesma, la Casación Federal había ordenado que Carlos Hernán Beati -quien en 2020 fue condenado a seis años de prisión por tráfico ilegal de estupefacientes- reciba el beneficio de la libertad condicional que le había negado el TOF 3 de San Martín.
El fallo fue apelado por el fiscal de Casación Raúl Pleé, quien busca que la Corte Suprema lo revoque. Pleé argumentó que la diferenciación en el tratamiento de los condenados por delitos graves es razonable y justificada por la magnitud del daño que estos ilícitos generan en la sociedad, y solicitó que la Cámara de Casación dicte un fallo plenario, es decir que las cuatro salas del tribunal se reúnan y unifiquen el criterio que luego deberá ser adoptado por los Tribunales Orales.
