Si se analizan los datos en bruto, las cinco provincias donde las denuncias por delitos más aumentaron entre 2023 y 2024 fueron Corrientes, San Juan, Formosa, Buenos Aires y Jujuy. En contraste, las jurisdicciones donde los registros descendieron con mayor intensidad fueron Chubut, Tucumán, Neuquén, Santa Fe y Río Negro.
Es fundamental considerar un aspecto clave: el robo es un delito con un alto índice de «cifra negra», es decir, hechos que suceden pero no son denunciados por diversas razones. Este porcentaje se obtiene a través de encuestas de victimización. La última medición de este tipo data de 2017 y arrojó un preocupante 40% de «no denuncia».
«Cada jurisdicción enfrenta problemáticas distintas. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, predominan los descuidistas y los robos de teléfonos celulares en el transporte público, un delito que no solo implica la pérdida del dispositivo, sino que además expone a las víctimas a riesgos financieros por el acceso a sus cuentas bancarias. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, el delito se torna más violento: es el caso de la mujer arrastrada por motochorros en plena calle. Por eso es imprescindible desarrollar estrategias forenses que permitan abordar la inseguridad con un enfoque integral», señaló la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a Clarín.
En relación con el robo de teléfonos celulares, un delito que rara vez queda fuera de los registros oficiales, Bullrich anticipó que se reforzará la línea 910 para que las denuncias puedan efectuarse de inmediato, permitiendo la anulación automática de la línea. Además, se exigirá la acreditación de un propietario real en cada venta de chips.
«No puede ser que cualquiera adquiera un chip sin control. La idea es eliminar el valor de reventa del celular, tal como en su momento ocurrió con los estéreos de los autos», sostuvo la funcionaria.
El Sistema Nacional de Información Criminal se alimenta de los datos enviados por cada provincia. Si bien el envío anual es obligatorio para 18 delitos, existe un acuerdo para reportar de forma mensual aquellos considerados prioritarios, como los robos y los homicidios.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad, disponibles desde 2013, revelan que entre 2008 y 2013 no existen registros oficiales de delitos. Así de simple.
El análisis de estos datos arroja una realidad inquietante: en la última década, las denuncias por robos y su tasa por cada 100 mil habitantes han mostrado mínimas variaciones. En 2024, se registraron 471.077 hechos denunciados en todo el país (1.000 cada 100 mil habitantes), mientras que en 2014 la cifra fue de 448.317 (1.050 cada 100 mil). La diferencia es marginal. El peor año estadísticamente fue 2019, con 472.655 denuncias y una tasa de 1.051 por cada 100 mil habitantes.
Los números, por sí solos, no explican la realidad. Para entender su verdadero impacto, es necesario compararlos con los de otras ciudades de la región.
Algunos ejemplos son elocuentes: San Pablo (Brasil) registró en 2023 un total de 137.780 robos, más del doble que la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, su tasa fue casi la mitad: 1.203 frente a los 2.267 de la capital argentina. En Santiago de Chile, se denunciaron 28.811 robos en 2024, con una tasa de 420, mientras que en Montevideo, en 2023, hubo 16.706 denuncias, con una tasa de 1.207.
Las cifras son frías, inmutables. Pero si se analizan en profundidad y con el debido rigor, pueden ser una herramienta crucial para transformar la realidad y mejorar la seguridad de la población.