Se trata de un tema sensible en un año electoral en el que el oficialismo apuesta a engrosar sus bancas en el Congreso y a plebiscitar la gestión de Javier Milei. Crece el malestar entre integrantes de la denominada «familia militar», la que mayoritariamente votó en 2023 a la fórmula que encabezó el líder libertario con Victoria Villarruel, por la baja a 23 militares que tenían condenas firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
En las últimos días crecieron las críticas a las autoridades del ministerio de Defensa, encabezadas por Luis Petri, por la resolución del 27 de enero que ordena la expulsión de los jefes militares «no por una decisión unilateral» de la cartera sino por una orden judicial emanada de una comunicación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que, en verdad, reclamaba sanciones a uniformados con sentencias definitivas de la Armada y de la Fuerza Aérea.
Lo cierto es que, pese a esta aparente contradicción porque las bajas fueron enteramente del Ejército, los cuestionamientos vinieron por parte de referentes como Cecilia Pando –calificó la medida como «un gravísimo error»– hasta retirados que, por ejemplo, ya notificaron que el 14 de febrero no participarán del homenaje al teniente Héctor Cáceres, ultimado por la guerrilla del ERP en 1973 cuando participaba del denominado «Operativo Independencia» en Tucumán.
Desde su inicio la administración libertaria buscó poner en relieve a las Fuerzas Armadas y es por ello que organizó actos para fechas aniversarios de distintos combates o recuperos de cuarteles que eran atacados por la subversión.
El 23 de enero, no obstante, el ministro Petri sólo hizo una salutación en su cuenta de X al cumplirse 36 años del copamiento del Regimiento de la Tablada por parte del Movimiento Todos por la Patria. A diferencia de 2024, cuando hubo un acto que encabezó Villarruel, en esta ocasión no hubo ningún encuentro protocolar encabezado por altos funcionarios
También integrante de la «familiar militar» y con un estrecho vínculo con jefes del Ejército y la Armada, la vicepresidenta optó por el silencio acerca del comunicado de Defensa del 28 de enero que anunció las bajas militares. En el entorno de la titular del Senado no contestaron la requisitoria de este diario sobre el tema.
Entre las bajas de Ejército hay conocidos combatientes en la guerra de Malvinas, como el coronel retirado Horacio Losito. Se trata de un uniformado que estaba condenado a prisión perpetua por crímenes de lea humanidad y quien una semana después de la llegada de Milei a la Casa Rosada, recibió la libertad condicional.
«Me llamo un veterano de Malvinas y me dijo que cumplieron órdenes cuando eran tenientes no generales y actuaron en situación de conflicto armado. Ahora, además, el requerimiento fue por parte de un fiscal (el titular de la PIA, Sergio Rodríguez), no de un juez», indicó, por su parte, un funcionario militar consultado.
La controversia está dada en que se trata de sentencias ya conocidas e incluso el requerimiento de la Procuradoría data de octubre pasado. En los pasillos del Edificio Libertador aducen que el ex viceministro Claudio Pasqualini, general retirado, demoró su implementación pero fueron los civiles que lo reemplazaron los que decidieron cumplir con la manda judicial.
Otras versiones dan cuenta de una supuesta interna en Defensa para intentar correr a las autoridades de esa cartera de la agenda de «la Década del ´70».
Si bien resulta válido que Defensa dé respuesta a una demanda de la Justicia, un grupo de retirados le factura a Petri que no ha reclamado para que también se cumplan los derechos legales de militares involucrados en causas de DDHH detenidos desde hace años con prisión preventiva..
La cuestión que las bajas de los retirados del Ejército -a las que en marzo se podrían sumar los casos de otros pares de la Armada y la Fuerza Aérea- resultaría una medida «deshonrosa» para referentes de las distintas armas.
Es que, a diferencia de los militares que pasan a retiro, que cesan en sus obligaciones pero mantienen su grado y estado militar, los que son dados de baja ya no forman parte de las FFAA. De hecho, dejan de cobrar la pensión que les corresponde por el servicio prestado a la Nación, que pasan a ser transferidas a sus esposas. «El problema surge en aquellos que queden viudos. Quedarán en la intemperie», se lamentaron las fuentes castrenses consultadas.
Por otra parte, el jueves pasado la cartera conducida por el dirigente mendocino anunció un aumento del 5% para los ingresos de los militares pocas horas después que sea notificado el mismo porcentaje de incremento en los haberes de las fuerzas que dependen del ministerio de Seguridad. «Fue en respuesta al anunció de (Patricia) Bullrich. Pero seguimos un 30% por debajo de lo que ganan gendarmes y prefectos. Este gobierno anuló las últimas dos cuotas de la jerarquización que había ordenado el kirchnerismo», acotó la calificada fuente consultada.
El malhumor por el tema ingresos se produce en momentos que Defensa insiste con el traslado de militares para custodiar las fronteras y objetivos estratégicos. La semana pasada Petri anunció con su par paraguayo el envío de uniformados de ambas naciones para «frenar el crimen organizado». Las críticas castrenses no sólo tienen que ver conque estas tareas corresponden a las fuerzas de seguridad sino que también los efectivos quedarían desprotegidos legalmente en caso tuvieran que participar de una acción armada.