A una semana de la apertura de sobres con las ofertas para quedarse con la concesión de la Hidrovía, la licitación más importante en lo que va de la gestión de Javier Milei, el Gobierno removió a las autoridades de la Administración General de Puertos (AGP).
La Resolución lleva la firma de Gastón Benvenuto, el interventor en la AGP designado por el oficialismo. “Desaféctese del cargo de Gerenta General de la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal a la Cdora. Verónica Adriana Piñero”, reza el primer artículo de la normativa. Su lugar lo ocupará Juan Bernasconi, quien se desempeñaba como Subdirector de la Subdirección Técnica y Administrativa.
Además, la medida desafectó a José Carlos Beni y a Diego Salom, quienes cumplían la función de asesor de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Subgerencia General de la empresa y de Gerente de Planificación Estratégica, respectivamente.
Según describe en su perfil de Linkedin, Piñero entró en la AGP en septiembre de 2019 y fue en mayo de 2022 cuando empezó a desempeñarse como gerente general. A su vez, Beni había sido nombrado durante la gestión de Alberto Fernández, en mayo de 2020, como interventor en la empresa, de acuerdo con el Boletín Oficial, y Salom inició funciones en la compañía en 2016. En cuanto al nuevo gerente general, su nombre no es tan conocido en el sector portuario. Pese a eso, documentos oficiales muestran que forma parte de la empresa desde al menos 2023.
Fuentes del Gobierno dijeron a LA NACION que estos movimientos en la compañía eran esperables a partir del decreto del 3 de enero, que dispuso la disolución y liquidación de la AGP. En paralelo, negaron que esto tenga alguna relación con la licitación de la concesión de la Hidrovía, cuya fecha de apertura de sobres con las ofertas recibidas es el 12 de este mes. Señalaron que esta cúpula vieja no tuvo una participación relevante en la elaboración del pliego, sino que los que más trabajaron fueron los equipos técnicos.
Una visión distinta manifestó el presidente del Consejo Portuario Argentino (CPA), José Lojo. “El solo hecho de que a una semana [de la apertura de sobres] cambien gente, no hace más que agregar complejidad. Todo tiene el aspecto de ser muy improvisado”, comentó. Lojo posee una postura crítica ya que el 23 de enero elevó una carta al Gobierno en la que pidió suspender la compulsa de la concesión de la Hidrovía, tras argumentar que el pliego “se opone a la regularidad”.
Asimismo, un hombre que pasó por los despachos oficiales y está vinculado al sector portuario indicó que este cambio respondería a un supuesto objetivo del Gobierno de “lavarse las manos porque echaron a la cúpula que escribió y convalidó el pliego de la Hidrovía”. Esto se contrapone con la versión oficial.
La licitación en cuestión ha reunido muchas observaciones de distintos actores del sector privado. La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó extender el plazo para la recepción de ofertas y una de las empresas interesadas, la belga Dredging Internacional (DEME) presentó una cautelar en la Justicia con el mismo objetivo. En paralelo, la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) analiza la confección del pliego. Tiempo atrás, cuando la gestión de Alberto Fernández había intentado lanzar una licitación similar en la Hidrovía, la PIA realizó un dictamen en el que observó falencias y la compulsa fue anulada.
Uno de los puntos en los que más énfasis hizo el CPA es la falta de un estudio ambiental actualizado de la Hidrovía. Según detalla el análisis del pliego realizado por la organización que nuclea a los puertos argentinos, dicho estudio data de 2011 y habría sido realizado por los anteriores administradores de la vía navegable, Emepa y Jan de Nul. Esta última compañía podría presentarse para quedarse con la concesión cuya facturación anual oscila entre los US$200 millones y US$400 millones.
En ese punto yace una de las mayores objeciones al pliego. La información técnica del río fue suministrada por una de las interesadas en ganar la licitación. En consecuencia, sus competidoras esgrimen que debiera hacerse un estudio ambiental más exhaustivo, actual y, en efecto, extender el plazo para presentar ofertas. Pese a eso, fuentes oficiales consideraron que estas observaciones son “opiniones” y aseguraron que el proceso licitatorio continuará en las fechas estipuladas.
