El Gobierno de Javier Milei declarará organización terrorista al grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y revocó, a través de un decreto en el Boletín Oficial, la cesión de miles de hectáreas de tierras en Mendoza.
«Se va a declarar organización terrorista a la RAM. El Ministerio de Seguridad ya está trabajando en el expediente», adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
El portavoz puso el foco en Facundo Jones Huala, el líder mapuche que días atrás reivindicó los incendios en la Patagonia, a quien definió en varias oportunidades como terrorista. Al repasar las declaraciones de Jones Huala, Adorni destacó que «pintan de cuerpo entero al enemigo«.
Además, mientras los incendios castigan a la Patagonia y desde el Gobierno de Chubut responsabilizan a grupos mapuches, la gestión de Javier Milei revocó este miércoles la cesión de miles de hectáreas de tierras a esas comunidades en Mendoza.
La decisión, formalizada con un decreto en el Boletín Oficial, da marcha atrás con una medida que había tomado el Gobierno de Alberto Fernández en 2023, cuando reconoció ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado, en los departamentos de Malargüe y San Rafael.
«Los territorios que estaban en manos de terroristas vuelven a estar en manos de los argentinos. Además se anuló el programa de fortalecimiento comunitario que permitía que quienes se disfrazaban de indígenas contactaran abogados para que los representen en conflictos», destacó Adorni.
Y agregó: «Estas medidas son en defensa de todos los argentinos y en contra de aquellos que no respetan la bandera argentina y quieren apropiarse de nuestro territorio».
La medida fue llevada a cabo a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que conduce Claudio Avruj.
«Hoy, en el Boletín Oficial de la Nación, se publicó la resolución que revoca los fallos arbitrarios del INAI, que en 2023 intentaron imponer ilegítimamente el reconocimiento de supuestas ocupaciones ancestrales en Los Molles y El Sosneado», sostuvo la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado.
En ese sentido, destacó que «se logró anular estas resoluciones, obligando al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a reconocer su inconstitucionalidad y nulidad. En consecuencia, queda sin respaldo oficial el intento de apropiación de tierras en el sur provincial basado en argumentos infundados».