El “paraguas” político-institucional que las asociaciones de jueces y fiscales y los sindicatos habían creado en estos últimos años para impedir la transferencia de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene un “agujero” y no provino del Gobierno, ni del Congreso sino de la Corte.
El fallo reflotó la discusión de fondo sobre cómo armonizar la plena autonomía de la CABA que dispuso la reforma constitucional de 1994 y los derechos de medio millar de jueces y fiscales que fueron designados por el Senado de la Nación y se resisten a cualquier tipo de transferencia a la justicia porteña, como explicó el constitucionalista Daniel Sabsay en una nota en Clarín.
Pero la Corte, al menos con la composición que tenía en diciembre es decir Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda con la disidencia de Carlos Rosenkrantz, ya emitió varios fallos a favor de la plena autonomía de la CABA. Por ejemplo, la resolución sobre la quita de la coparticipación federal.
Y ahora el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, pidió suspender el fallo Levinas hasta que exista “un marco normativo” que le de cobertura legal al trabajo de los fiscales nacionales. Es decir, una ley o un convenio de transferencia de la justicia nacional a la CABA. Así puso el dedo en la llaga.
Desde 1994, el Congreso no consensuó ninguna ley y los magistrados bloquearon todos los intentos de firma de un convenio de transferencia entre el gobierno nacional y la CABA, como había pasado con el traspaso de la las comisarías de la Policía Federal.
Basta recordar que el ex ministro de Justicia de Mauricio Macri, German Garavano, envió proyectos de leyes al Congreso que nunca avanzaron y fracasó con el intento de firma de ese convenio por la resistencia de los magistrados y del secretario general de la Unión de Empleados Judiciales, Julio Piumato.
Todo sin considerar la ley 24.588 llamada ley Cafiero que asegura la existencia de un estado federal en la Ciudad de Buenos Aires; pero sostiene que éste es “incapaz de ejercer competencias en materia de seguridad, de justicia y de fiscalización de los servicios públicos en su territorio”. Algún día habría que derogarla.
Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.Además, el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aunque ha analizado con su par porteño, Gabino Tapia, la firma de un convenio de transferencia en las últimas semanas quedó políticamente debilitado como para intentar una jugada de este calibre. La trasferencia la había prometido cuando asumió el cargo. Incluso, la transferencia había sido incluida en la ley Bases pero a último momento se la quitó.
Sin embargo, el “agujero” que abrió la Corte en la resistencia es grande. Por más que los magistrados emitan fuertes declaraciones hasta ahora ninguno se animó a firmar una resolución contra el fallo de la Corte, que es la cabeza del sistema judicial.
El “agujero” le da aire al proyecto de Tapia de poner en funcionamiento diez juzgados laborales en la CABA. La ley ya la aprobó la legislatura y ahora el Consejo de la Magistratura porteño deberá llamar a concursos. Gabino apuesta a que secretarios de juzgados laborales nacionales se presenten en los concursos y así empezar una transición que incluiría no reemplazar a los jueces nacionales que se jubilen.
No por nada, los jueces intentaron sin éxito poner una cautelar en feria contra la creación de esos juzgados porteños.
El ministro de Justicia de Jorge Macri habla de una “transferencia consensuada” y también planea poner en marcha un fuero civil y comercial porteño. Así solo quedarían el fuero penal ordinario en manos de jueces nacionales.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, intenta firmar un convenio de trasferencia de los jueces.En campaña, el discurso del jefe de gobierno porteño Jorge Macri sobre la “plena autonomía” incluye desde la transferencia de la Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble hasta el control de la terminal de ómnibus de Retiro y el puerto de Buenos Aires.
La idea de Tapia funcionaría si el gobierno nacional hace, en paralelo, la transferencia de recursos para financiarlos. Y todos los jugadores de este ajedrez saben que el fallo Levinas es muy difícil de revertir y que la batalla por los alcances de la autonomía de la CABA aún no tiene un resultado cierto. Mientras, poco se discute sobre cómo mejorar el servicio de justicia para el porteño de pie.
