El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que había iniciado una operación multiagencia de control de inmigración en Chicago, mientras la administración Trump buscaba demostrar que está cumpliendo rápidamente la promesa de campaña de incrementar los arrestos y las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
Las autoridades dijeron que una serie de agencias de aplicación de la ley llevarían a cabo operaciones de ese tipo en los próximos días. El Departamento de Justicia anunció que su fiscal general adjunto interino, Emil Bove, había viajado a Chicago para supervisar la iniciativa de abordar lo que llamó una “emergencia nacional”.
La administración Trump ha reclutado a varias agencias de aplicación de la ley dentro del Departamento de Justicia (la Oficina Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos) para ayudar en las operaciones en Chicago y otros lugares.
En una declaración escrita, Bove dijo que había visto a agentes de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional desplegarse en sintonía “para abordar una emergencia nacional derivada de cuatro años de una política de inmigración fallida”. El Departamento de Justicia, añadió, estaba trabajando para “asegurar la frontera, detener esta invasión y hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo en un comunicado que las agencias federales han iniciado “operaciones específicas reforzadas” en Chicago “para hacer cumplir la ley de inmigración de Estados Unidos y preservar la seguridad pública y la seguridad nacional al mantener a los extranjeros criminales potencialmente peligrosos fuera de nuestras comunidades”.
Bove instó a los funcionarios locales a colaborar en el esfuerzo y advirtió que podría haber consecuencias para quienes no lo hagan.
“Apoyaremos a todos los que, a nivel federal, estatal y local, se sumen a esta misión crucial para recuperar nuestras comunidades”, afirmó. “Utilizaremos todas las herramientas disponibles para abordar las obstrucciones y otros impedimentos ilegales a nuestros esfuerzos por proteger la patria”.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, dijo en el programa “State of the Union” de la CNN que su estado cooperaría con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados condenados por delitos o con órdenes de deportación pendientes. Pero enfatizó que las fuerzas de seguridad estatales no participarían en redadas selectivas ni elaborarían perfiles de personas en el estado que pudieran estar indocumentadas.
Pritzker también dijo que no había ninguna base legal nueva para el memorando que Bove emitió la semana pasada indicando que el departamento podría investigar y procesar a los funcionarios de cualquier jurisdicción que se nieguen a colaborar con la campaña contra las deportaciones. “Sólo están publicando eso porque quieren amenazar a todo el mundo”, dijo.
La aplicación de las leyes de inmigración es una tarea cotidiana del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa agencias como el ICE. Pero la administración Trump ha prometido dedicar más personal del Departamento de Justicia a esas tareas a medida que toma medidas más agresivas.
Bove, que formó parte del equipo de defensa de Trump en su caso penal en Manhattan, supervisa ahora gran parte de la actividad diaria del departamento mientras el Senado trabaja para confirmar a Pam Bondi, la candidata de Trump para fiscal general. Se espera que esta semana se vote sobre su nominación.
