Un total de 265 personas fueron deportadas este viernes desde Estados Unidos a Guatemala en tres vuelos -dos operados en aviones militares y uno chárter- tras el anuncio del gobierno de Donald Trump del comienzo de una operación de expulsión de migrantes, informaron autoridades locales.
Un total de 80 guatemaltecos (31 mujeres, 48 hombres y un adolescente) llegaron al país centroamericano en un primer vuelo, señaló en un balance actualizado el Instituto Guatemalteco de Migración. En una segunda aeronave, fueron embarcados igual número de personas (63 mujeres y 17 hombres).
Adicionalmente, llegó un tercer vuelo de tipo privado con 105 personas a bordo (11 mujeres, 89 hombres y cinco menores de edad).
En total, fueron deportados 265 guatemaltecos, según las autoridades.
«Podemos confirmar que durante la noche, dos aviones del Departamento de Defensa realizaron vuelos de repatriación desde Estados Unidos a Guatemala», confirmó, por su parte, el Pentágono.
Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Guatemala han precisado si en el grupo hay algunos de los 538 «inmigrantes ilegales» cuyo arresto fue anunciado el jueves por la noche por la Casa Blanca.
Los deportados fueron llevados al Centro de Recepción de Retornados, ubicado en la fuerza aérea, junto al aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala, donde los visitó la vicepresidenta Karin Herrera, sin acceso a la prensa.
Por su parte, el gobierno de Guatemala anunció recientemente que preparó un plan para recibir a los deportados, con la habilitación de albergues y programas de reinserción laboral, entre otras acciones.
Trump prometió actuar contra la inmigración irregular durante su campaña y, tras asumir la presidencia a inicios de semana, declaró el estado de «emergencia nacional» en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios.
El mandatario republicano apuntó durante su campaña contra los migrantes, describiéndolos como «salvajes», «animales» o «criminales», y prometió la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos, un país donde se estima que viven cerca de 11 millones de personas en situación irregular.