El Gobierno anunció ayer y publicó hoy en el Boletín Oficial un decreto que reduce los plazos de las investigaciones y medidas antidumping (un recurso que los países pueden utilizar frente a un tipo de competencia desleal que consiste en la exportación de productos a un precio más bajo que el precio de venta normal) para evitar que empresas locales restrinjan “la competencia de afuera imponiendo una barrera arancelaria extra”, según dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Frente a esto, los industriales destacaron algunos aspectos como positivos, aunque pidieron no demonizar la herramienta.
“Enfrentar un proceso antidumping es sumamente complejo para las ramas productivas. Las investigaciones solían demorar alrededor de un año o más. La simplificación del procedimiento y la reducción de los plazos máximos a ocho meses es un cambio positivo, así como la eliminación de la obligatoriedad de la etapa de asesoramiento y la unificación de los procedimientos de investigación en un solo organismo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE)”, dijeron fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Pero fuentes de la institución también advirtieron que “la herramienta no debe ser confundida como la causante de mayores precios en la industria local versus la importada, ya que es la combinación de estrategias comerciales agresivas de algunos países y la alta carga impositiva local, falta de infraestructura, falta de financiamiento, costo de la energía y una historia de inestabilidad macroeconómica lo que explica la diferencia entre productos similares”.
Por caso, señalaron como ejemplo a una pyme local “que produce en un municipio con altas tasas municipales, que paga ingresos brutos en cascada en todo su proceso productivo, que cuenta con una carga impositiva de las más altas del mundo y exporta impuestos, que paga la logística el triple que otros países y con altísimos costos financieros”. “¿Cómo podría competir con economías donde se subsidia la materia prima y prácticamente no hay leyes laborales?”, se preguntaron.
Según la UIA, en la actualidad, la Argentina tiene 94 medidas antidumping vigentes y, de este total, 50 son contra China. En todos los casos por vender a un precio inferior al que tienen en sus mercados, que suele ubicarse incluso por debajo del costo de producción.
“Aun teniendo economías de gran escala, con macroeconomía estable y ordenada, infraestructura de nivel mundial, altos niveles de crédito, entre otras, los países desarrollados resguardan la producción, el empleo, y la inversión local frente a la competencia desleal. Más del 21% de las medidas antidumping registradas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) son de los Estados Unidos, seguido por India con cerca del 14%. Argentina se ubica en el sexto lugar por debajo de Brasil, Turquía y China, país contra el que se aplican el 33% de las medidas antidumping”, agregaron.
Consultado por LA NACION, el dueño de Goldmund y de la histórica marca local de electrodomésticos Peabody, Dante Choi, también coincidió en que el acortamiento de los plazos para obtener una medida antidumping es para festejar, pero sostuvo que es erróneo que solo se pueda imponer el instrumento por única vez (se pasó de una vigencia máxima de 5 años con renovaciones ilimitadas a una de 3 años con una única posibilidad de extensión por 2 años más) porque si la práctica desleal sigue, la medida antidumping debería continuar.
Más allá de esto, dijo que si un producto fabricado localmente cuesta más que uno en el exterior, no es por la medida antidumping, sino por las prácticas abusivas de los municipios, provincias y la nación en materia impositiva.
“Lo que propone China es cerrar todas las empresas del mundo y que se importen sus autos, pero el debate en Europa es quién va a comprarlos si no hay trabajo. En la Argentina, en cambio, el nivel de discusión es muy primario. Si desaparecen las medidas antidumping, las empresas no se van a perjudicar, van a importar. Las perjudicadas van a ser la cadena de valor y la mano de obra. Lo que hay que discutir es por qué el costo argentino es más caro. La presión fiscal no se desmantela con la velocidad en que se van sacando las trabas a las importaciones. Si eliminamos esos costos, ¿por qué seríamos más caros para producir que China?”, cerró.
En tanto, uno de los principales empresarios industriales del país que pidió no ser citado dijo que hay que ver qué es lo que hace el gobierno de Donald Trump en términos de comercio exterior y si la Argentina sigue en parte o totalmente los pasos de los Estados Unidos o si irá en una dirección diferente. “El punto fuerte de esta discusión creo que se va a dar en los próximos meses cuando Estados Unidos fije sus políticas tarifarias”, opinó.