Un nuevo reporte de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) publicado el jueves advirtió sobre la “represión intensificada” del régimen de Nicolás Maduro contra opositores y defensores de derechos humanos en el periodo previo a las elecciones presidenciales del 28 de julio, y destacó que las movilizaciones masivas de venezolanos en rechazo “al gobierno autoritario en una elección fundamental” y a pesar del asedio del gobierno son “recordatorios de que la lucha por los derechos sigue muy viva”.
El informe anual de la organización, que revisa el estado de los derechos humanos en el mundo y advierte sobre un “rampante” deterioro democrático en América Latina, indicó que “Venezuela experimentó un aumento de la represión antes de las elecciones, que incluyó detenciones de miembros de la oposición, muchos de los cuales permanecen detenidos arbitrariamente, en algunos casos sin que se conozca su paradero”.
“El gobierno también realizó inhabilitaciones arbitrarias de candidatos opositores y esfuerzos para restringir aún más el espacio cívico” y activó el plan “Furia Bolivariana” con el objetivo de detener “intentos golpistas y terroristas”, agregó el reporte. La organización documentó en el período de diciembre de 2023 a marzo de 2024 al menos 48 personas detenidas, entre ellos defensores de los derechos humanos, opositores, periodistas y militares.
En el primer semestre de 2024 se registraron más de 592 agresiones contra la labor de los defensores de los derechos humanos, un aumento del 92% en comparación con el mismo período de 2023, indicó el reporte.
En los días siguientes al anuncio de los resultados electorales, en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro sin mostrar los resultados electorales, “miles de manifestantes salieron a las calles, en protestas mayoritariamente pacíficas, para exigir un conteo justo de los votos. Los venezolanos, incluso en zonas de bajos recursos tradicionalmente partidarias del chavismo (…) protestaron de forma masiva”, detalló el estudio.
Las protestas masivas tuvieron lugar “incluso en el contexto de una década de brutal represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro”, agregó.
La respuesta de las autoridades fue “violencia y abusos generalizados, incluyendo asesinatos, detenciones y enjuiciamientos arbitrarios y acoso a críticos”, dijo Human Rights Watch, que verificó reportes que informaron acerca de 23 asesinatos de manifestantes en manos de fueras de seguridad y grupos paramilitares conocidos como “colectivos”.
El informe menciona también las estrategias del gobierno de Maduro para detener, perseguir a toda persona considerada opositora e infundir terror en la población, como la “Operación Tun Tun” y la aplicación VenApp para que las personas denuncien a sus vecinos.
HRW mencionó la investigación de la Corte Penal Internacional sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela y las órdenes de captura contra Maduro, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y una docena de funcionarios del chavismo y las fuerzas de seguridad por esta razón.
En cuanto al estado de las personas en detención, “las autoridades mantuvieron a los detenidos en régimen de incomunicación durante semanas, les negaron el derecho a ser representados por un abogado privado de su elección y los presentaron en audiencias virtuales, lo que plantea importantes problemas para la administración de justicia”, señaló HRW.
La organización de derechos humanos aseguró que “el poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente [Hugo] Chávez aprobó una reforma judicial y copó el Tribunal Supremo de Justicia con aliados. Desde entonces, el Tribunal ha apoyado al poder ejecutivo en la represión de los críticos del gobierno”.
La toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela el 10 de enero, pese a los indicios de fraude en las elecciones del 28 de julio, “es el resultado final de una elección que desconoció abiertamente la voluntad del pueblo, y consolida el autoritarismo en Venezuela”, dijo la directora para la región de HRW, Juanita Goebertus.
Sobre la emergencia humanitaria en Venezuela, HRW indicó más de 20 millones de venezolanos – en una población de 28,8 millones- viven bajo índices de pobreza multidimensional gracias a la precariedad económica y a servicios públicos deficientes, “habiendo perdido irreversiblemente su medio de sustento y subsistencia”.
Unos 14,2 millones de venezolanos enfrentan necesidades humanitarias graves, puntualizó HRW, citando datos de la organización civil HumVenezuela.
“Los venezolanos enfrentan el hambre, que afecta a 5,1 millones de personas. El Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación identificó las sanciones económicas y la instrumentalización política de los programas alimentarios estatales como factores que obstaculizan la realización del derecho a la alimentación”, explicó el reporte, que indicó que los venezolanos enfrentan la crisis humanitaria con estrategias de supervivencia como aumentar su carga laboral, saltearse comidas o explotación sexual.
