El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, se entrevistó este miércoles con las autoridades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, encabezadas por su titular, Inés Weinberg para empezar a discutir cómo implementar el llamado fallo Levinas. Se trata de la primera reunión de una ronda con otros actores para tratar de asegurar la transición.
En la sala de Acuerdos del segundo piso de la sede del Tribunal en Cerrito 760, se encontraban también la vicepresidenta del cuerpo, Alicia Ruiz, y sus colegas Marcela de Langhe y Santiago Otamendi.
La extensa reunión fue el inicio de una ronda de diálogos para buscar los mejores caminos con el objetivo de allanar el trabajo de los abogados y abogadas, a raíz de los desafíos que plantea el fallo “Levinas”.
Se acordó en trabajar estrechamente para difundir todos los pasos que deban realizar los letrados frente a una sentencia de una Cámara Nacional de Apelaciones, iincluso la preparación de tutoriales y de links que faciliten la tarea de abogados que ahora tienen al TSJ porteño como instancia de apelación antes que la Corte Suprema.
Desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal se anunció que en los próximos días se va a informar en detalle y se pondrá a disposición la estructura institucional necesaria para colaborar con la abogacía en esta nueva etapa que se abre desde el mes próximo.
Gil Lavedra concurrió acompañado por el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay.
Como consecuencia del fallo de la última semana del 2024, casi 300 jueces de la Nación dejan de estar sujetos al control directo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se sitúan la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la CABA.
Muchas de esos jueces se resistieron a que sus fallos sean revisados por el TJS de la CABA porque habían sido nombrados por el Senado de la Nación, entre otros argumentos. La resistencia de los jueces demoró la implementación de ese medida que falta a la autonomía de la CABA que decretó la Reforma Constitucional de 1994.