En un escrito con tono crítico hacia el país, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar toda la información solicitada por los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, que el país perdió en primera instancia en el proceso llevado a cabo en Estados Unidos. El pedido de la jueza incluye datos sobre la ubicación del oro argentino que está en las reservas del Banco Central (BCRA).
La jueza había declarado en mayo pasado a YPF y al Banco Central como posibles alter ego de la República Argentina y ordenó al país proveer información de los últimos dos años para probar la relación de la petrolera y la entidad monetaria con el Estado.
El pedido llega en medio de las negociaciones entre la Argentina y los demandantes del juicio por la expropiación de YPF, en el que la jueza Preska falló en contra del país y la obligó a pagar una sentencia de US$16.100 millones por indemnización a los fondos Burford Capital y Eton Park. Si bien la defensa argentina apeló el fallo, nunca depositó la garantía mínima que se pedía para evitar embargos.
Por lo tanto, mientras transcurre de manera paralela el proceso para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los demandantes presionan por cobrar su indemnización y piden a la jueza embargar activos del país.
Los beneficiarios del fallo del YPF están pidiendo información desde marzo a la Argentina sobre su relación con ciertas entidades manejadas por el Estado; entre ellas, YPF, Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Arsat, Enarsa y el Banco Central. La Argentina se opone a entregar cierta información porque dice que no es relevante, mientras que los fondos señalan que eso lo tiene que decidir la jueza.
“Preska lanzó una advertencia al país diciendo que ‘se ha invertido más tiempo y dinero en defender la entrega de estos documentos que en realizar dicha entrega’”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra el Estado en exterior.
“Los acreedores de los fallos contra YPF están exigiendo detalles como los mensajes SWIFT que revelen resúmenes de cuentas en instituciones bancarias específicas que hayan realizado o recibido pagos en nombre de la República. También están solicitando información sobre cuentas soberanas tanto en Argentina como en Estados Unidos, incluso si estas cuentas pudieran estar protegidas contra embargos”, agregó Maril.
Si la Argentina quería evitar el embargo de fondos, la jueza Preska había concedido el pedido de garantía de pago que solicitaron los fondos. Equivalía a entregar un tercio de las acciones de YPF y un supuesto crédito a favor con Paraguay por la construcción de la represa de Yacyretá. Ninguna de las opciones era viable para el Estado, ya que para entregar o vender acciones de YPF es necesario tener la aprobación del Congreso.
Con relación a la supuesta deuda que Paraguay tiene con la Argentina, nunca se formalizó más allá de algunas declaraciones políticas del gobierno anterior que decían que el país financió la mayor parte de la construcción de la central hidroeléctrica, 30 años atrás.
El 16 de abril de 2012, las acciones de YPF eran propiedad en un 57,5% de Repsol, un 25,5% de Petersen (una empresa constituida en España de propiedad de la familia Eskenazi) y un 17% de otros inversores minoritarios, incluido Eton Park, con una participación accionaria del 3%.
El 7 de mayo de 2012 entró en vigencia en la Argentina la ley de Interés Público, que dejó el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “sujetas a expropiación” y bajo “ocupación temporal” por el Estado argentino.
En julio de 2012, Petersen se declaró en quiebra en España, tras haber incumplido en mayo de 2012 el pago de los préstamos que hicieron un pool de bancos europeos para financiar la compra de las acciones de YPF.
En mayo de 2014, se completó la expropiación por parte de la Argentina del 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol, luego de pagarle a la empresa española US$5000 millones en bonos soberanos.
El 4 de marzo de 2015, el síndico de la quiebra de Petersen, extenedor de acciones de YPF, vendió todos los reclamos relacionados con la expropiación a Prospect Investments LLC, una subsidiaria de propiedad absoluta de Burford Capital LLC, que presenta los reclamos en nombre de Petersen, según se desprende del escrito que presentó ayer la petrolera.
Apenas un mes después, el 8 de abril de 2015, Petersen presentó una demanda contra la República e YPF por “incumplimiento anticipado de contrato, incumplimiento del deber implícito de buena fe y trato justo, e impedimento promisorio”. Y agregó: “Petersen alegó que YPF incumplió supuestas obligaciones de hacer cumplir las disposiciones de la oferta pública de adquisición y sanciones sobre las acciones adquiridas en violación de dichas disposiciones”.
En junio de 2015, Eton Park, otro extenedor de acciones de YPF, presentó demandas contra la Argentina y la petrolera.
El 31 de mayo de 2023, la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, culpó al Estado argentino, pero eximió de responsabilidades a YPF.
El 16 de septiembre de 2023, después de un proceso en que se analizó el monto de la indemnización, la jueza confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones más intereses.
En febrero de 2024, el Estado argentino presentó en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el primer escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
En septiembre de 2024, se presentaron los últimos escritos finales de las tres partes (los demandantes, YPF y el Estado) ante la Corte de Apelaciones y ahora se está a la espera de que haya una audiencia. En paralelo, los fondos buscan probar que Banco Nación, Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas son un “alter ego” del Estado argentino para cobrar de manera anticipada la sentencia de primera instancia.
