MADRID-. Luego de que miles de españoles le pidieran al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tomar acciones frente a la crisis habitacional por los altos precios de los alquileres, el gobierno develó planes para aumentar impuestos a compradores de viviendas no residentes de la Unión Europea e imponer más tributos para alquileres vacacionales, como Airbnb. “Que paguen como un negocio”, dijo el mandatario.
“No es justo que quienes tienen tres, cuatro o cinco departamentos en alquiler de corta duración paguen menos impuestos que los hoteles o que los trabajadores”, dijo Sánchez en un acto sobre vivienda asequible celebrado en Madrid.
Entre las medidas propuestas por Sánchez está: un impuesto del 100% a las propiedades que adquieran personas que no residen en la Unión Europea, una exención fiscal del 100% para propietarios que alquilen según los montos sugeridos por el Ministerio de Vivienda, asignar unos 2 millones de metros cuadrados de terreno residencial a una agencia pública recién creada para la construcción de vivienda social, entre otras propuestas que apuntan a proteger a los inquilinos españoles.
Los extranjeros propietarios en España adquirieron 27.000 propiedades en España en 2023, no para vivir en ellas, sino para ganar dinero, según informó Sánchez al anunciar el plan.
“Lo que sobran son Airbnb y faltan viviendas. El deber de las administraciones públicas es priorizar el uso residencial de los pisos y evitar que el uso turístico y especulativo siga expandiéndose de una forma descontrolada y a costa de los vecinos y vecinas de los inmuebles”, dijo Sánchez.
Las propuestas de Sánchez aún no tienen vía libre, necesitan aprobación del Parlamento, que mantiene una lucha constante con el dirigente socialista. La subida de impuestos necesitaría la aprobación de los bloques parlamentarios fracturados y, en caso de ser aprobada, sería aplicada por los gobiernos autonómicos de España.
El PP gobierna en la mayoría de las regiones más populares entre los compradores británicos y latinoamericanos de segundas residencias, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias e Islas Baleares.
Oposición calificó al impuesto de “xenófobo”
Los opositores al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificaron el martes de “xenófoba” la propuesta de gravar con un impuesto la compra de viviendas por parte de no residentes en la Unión Europea y aseguraron que no la aplicarán en las regiones donde gobiernan.
“El problema no es que la gente quiera venir a vivir a España, el problema es que hay una falta de oferta de vivienda”, dijo Luis de la Matta, director de comunicación del Partido Popular (PP). “No vamos a facilitar una medida de carácter xenófobo”, manifestó el líder del partido de derecha.
La plataforma inmobiliaria española Fotocasa dijo que la medida podría desincentivar la inversión extranjera, pero que su eficacia era cuestionable, ya que sólo el 2% de las viviendas españolas son adquiridas por residentes extracomunitarios.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desafió el martes a los opositores del Gobierno a echar por tierra un plan que, según ella, impulsaría la oferta de viviendas.
“Si alguien quiere boicotear o poner palos en las ruedas, no tendrá que responder ante el Gobierno, tendrá que responder ante la ciudadanía”, dijo Rodríguez en rueda de prensa.
El Sindicato de Inquilinos de Cataluña afirmó que la mayoría de los compradores extranjeros de la región proceden de la UE y calificó la medida de “grandilocuente, pero irrelevante”.
Resolver la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los retos más acuciantes de Sánchez, en un escenario de escasez crónica de casas asequibles y un aumento de los alquileres.
En España se han producido varias protestas en un contexto de creciente enfado de los ciudadanos, que se sienten excluidos del mercado español a medida que aumenta el alquiler en un país tradicionalmente formado por propietarios de viviendas.
