Los consumidores ya pueden saber en detalle cuánto se encarece un producto por los impuestos nacionales. A partir de los primeros días de enero, las grandes compañías empezaron a emitir tickets y facturas con las cargas tributarias nacionales discriminadas, una medida que reglamentó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en diciembre y que paulatinamente se extenderá al resto de los comercios.
Para la ONG Lógica, una de las entidades que impulsó la ley, la implementación se está cumpliendo “en un muy bien nivel de aceptación”. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la reglamentación se dictó a mediados de diciembre y las empresas tuvieron pocos días hábiles para adecuar los sistemas, con las fiestas de fin de año de por medio.
“Están aquellos que llegaron a implementarlo para IVA e internos, con su título y leyenda, que corresponde solo a impuestos nacionales. Los que aún les falta incluir internos y, por último, una minoría que se nota que no llegaron y que seguramente se ajustarán próximamente. Pero en general, hay muy buen nivel de aceptación. La gran mayoría de las estaciones de servicio, además del IVA, están exponiendo los dos impuestos indirectos nacionales que aplican a naftas”, dijo Matías Olivero Vila, presidente de ONG Lógica.
Para constatarlo, hicieron un ejercicio en el que consumieron $10.000 en combustibles en varias estaciones de servicio. Por ejemplo, en el ticket que emite Deheza se detalla que $1271,60 corresponde al impuesto a los combustibles líquidos, unos $77,89 por el impuesto al dióxido de carbono y $1501,32 del impuesto al valor agregado (IVA). Es decir, un total de $2850,81, el 28,5% de lo pagado.
En Pan American Energy, informan que $1501 se debe al IVA y $1351,34 por otros impuestos nacionales indirectos. Mientras que en una YPF, las cargas tributarias aparece en la factura con las iniciales IVA ($1491,60), IDC ($81,12) y ICL ($1324,34).
El mismo ejercicio se hizo en distintas cadenas de supermercados, con la compra de una gaseosa cola sin azúcar de 1,75 litros. En Día costó $3100, de los cuales $538 se lo asignan al IVA, mientras que en el renglón de “otros impuestos que inciden en el precio” agregan que $222,64 fueron por impuestos internos importados. En este caso, se pagó $760,64 por cargas fiscales, el 24,5% del total de la factura.
En un Carrefour la compra salió $3189, e informan que $529,35 fue por el IVA contenido. En Jumbo se abonó $3100, de los cuales $509,3 dicen que fue por el impuesto al valor agregado, mientras que impuestos internos importados aparece en $0. Finalmente, en Chango Mas el total por esa misma compra fue de $3099 y $509,95 correspondió al IVA contenido, y de $0 para los impuestos internos importados.
Mientras que en una cadena de Easy, compraron un limpiavidrios por $20.190, de los cuales $3504 correspondieron al impuesto al valor agregado. “Los impuestos informados son solo los que corresponden a nivel nacional”, aclaró la factura.
En una segunda fase, el Gobierno invitó a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que se sumen y dicten las respectivas normativas, para que los consumidores también tengan conocimiento de la incidencia que tiene el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas municipales en la formación de los precios de bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
“Es esperable que en una segunda etapa la reglamentación sume más impuestos indirectos nacionales como importaciones, débitos y créditos, entre otros. Y también los impuestos provinciales y municipales. Al respecto, si bien la ley 27.743 invita a las provincias a adherirse al régimen de transparencia, pareciendo que es una facultad u opción, desde Lógica sostenemos que es una obligación. Porque la Constitución Nacional, que está por encima de esa ley, dispone en el artículo 42 que el consumidor tiene derecho a recibir ‘información adecuada y veraz’. Y, por ejemplo, el 5% de ingresos brutos o el 3% de tasas municipales es una información esencial que no puede faltar”, agregó Olivero Vila.
De hecho, el año pasado un grupo de supermercados colocó carteles en sus sucursales de Lanús para advertir que los productos de las góndolas sufrirían un aumento generalizado, luego de que gobierno municipal duplicara la tasa de seguridad e higiene. Este caso hizo que asentara el debate a nivel nacional, pero desde los hipermercados y cámaras de comercio salieron a señalar sobre otros lugares donde se repetía el mismo episodio, como en Quilmes o Malvinas Argentinas.
Por esa razón, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) celebró recientemente la medida de transparencia fiscal e instaron a las provincias y municipios de todo el país a que se sumen a esta iniciativa para darle “claridad fiscal” a los consumidores. De esta manera, consideran que se promovería la transparencia y equidad fiscal, y permitiría comparar la carga tributaria entre jurisdicciones para detectar posibles desbalances.
“Bien los supermercados. Importantísimo desenmascara a toda esta banda de intendentes K que aún recibiendo más plata que antes por la suba en la recaudación producto de la recuperación económica, aumentan las tasas municipales y sin contraprestación alguna para el vecino”, aseveró el ministro de Economía, Luis Caputo, una semana atrás, a través de su perfil en redes sociales.
Por el momento, hay proyectos de adhesión en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Río Negro, la mayoría presentados por la oposición provincial de cada distrito.
Mientras tanto, el resto de los contribuyentes tendrá un plazo opcional hasta el 1° de abril próximo para adecuar sus sistemas y adherirse al régimen de transparencia fiscal, cuando pasará a ser obligatorio para todos. En el caso de aquellos comercios y profesionales que usan la factura eléctrica por medio de los sistemas ARCA, ya verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA.