En un escenario de elevada carga tributaria y precios internacionales en mínimos históricos, los productores agropecuarios hacen sus balances y advierten que los resultados son negativos: las cuentas no cierran y las pérdidas se acumulan. La situación es más grave para quienes alquilan campos, una modalidad que abarca más del 70% de la producción nacional.
En la zona núcleo, un productor de soja que arrienda, con un rendimiento promedio de 35 quintales por hectárea, sufre una pérdida cercana a US$80 por hectárea, mientras el Estado percibe US$473,29 por hectárea mediante retenciones y otros gravámenes. En tanto, aquellos que realizan rotación de trigo y soja enfrentan pérdidas aún mayores: US$243 por hectárea, mientras que el Estado se queda con US$403 en concepto de retenciones.
Este panorama intensificó los reclamos en redes sociales, así como las campañas de entidades rurales y gobiernos provinciales, que exigen la eliminación de las retenciones en un momento en que, además, las condiciones climáticas empiezan a jugar en contra del sector. En este contexto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, se reunió anoche vía Zoom con un grupo de productores agropecuarios autoconvocados, quienes dijeron a LA NACION que reclamaron por las retenciones y exigieron una reducción de la presión impositiva. Fuentes oficiales dijeron que se trató de un “encuentro respetuoso”.
Uno de los análisis fue realizado por el comerciante y productor agropecuario Dante Garciandía, de Carlos Tejedor, quien expuso la crítica situación en los cultivos de rotación, como trigo y soja, y señaló que, con el cereal, se pierde mucho y con la oleaginosa no se logra recuperarlo. “Los quebrantos serán muy importantes, y será otra campaña para el olvido”, sentenció.
En su evaluación, el productor calculó que el trigo cosechado durante la campaña 2024/25 arroja una pérdida de US$272 por hectárea, con un precio promedio de US$18,5 por quintal. Esta cifra resulta de costos asociados al cultivo que ascienden a US$729,7 por hectárea, el cual incluye insumos, fertilizantes, labores, comercialización y cosecha, a los que se suma el costo del arrendamiento, estimado en US$182,3 por hectárea. En contraposición, el Estado se queda con US$88 dólares en carácter de retenciones.
Si sobre ese trigo, el productor siembra soja de segunda, a pesar de que la oleaginosa aporta un margen positivo de US$29 por hectárea, este ingreso no alcanza para compensar las pérdidas del trigo, dejando al productor con un saldo negativo de US$243 por hectárea en la rotación. En contraste, el Estado recauda US$403 por hectárea a través de los Derechos de Exportación (DEX).
“En este contexto, la carga impositiva se torna asfixiante. Hay que rever de forma urgente los DEX para alivianar la espalda del productor. Un trabajo realizado en conjunto con Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) demuestra que, frente a las pérdidas asumidas por el productor y lo recaudado por el Estado, este último se convierte en el socio más caro. Socio en las buenas, no en las malas”, dijo Garciandía.
Su análisis fue tomado por CRA como parte de una campaña en redes que comenzó esta semana para exigir la eliminación de los derechos de exportación. Desde la entidad, aclararon que este relevamiento no contempla otras cargas tributarias, como IVA o impuestos municipales, ni costos adicionales como fertilización o rotación con sorgo.
Otro de los análisis lo hizo Néstor Roulet, productor de la zona de Canals, en la provincia de Córdoba, exvicepresidente segundo de CRA y exsecretario de Agregado de Valor durante el gobierno de Mauricio Macri. Según Roulet, por cada hectárea de soja, el ingreso total generado asciende a US$1351. De este monto, con las retenciones, que representan el 33%, el Estado absorbe US$445,85 por hectárea y deja al productor un ingreso bruto de US$858,27 por hectárea. Sin embargo, los costos directos del productor alcanzan US$362,44 por hectárea, desglosados en insumos (US$264,20 por hectárea), labores (US$62,50 por hectárea), seguros (US$25,74 por hectárea) y asesoramiento agronómico y contable (US$10 por hectárea).
Además, los costos indirectos, que incluyen la cosecha (US$60 por hectárea), los fletes (US$117,05 por hectárea) y la comercialización (US$22,22 por hectárea), suman otros US$199,27 por hectárea. A esto se agrega el alquiler de la tierra, estimado en US$348 por hectárea, lo que incrementa aún más la presión financiera. Como resultado, el margen bruto para el productor es negativo, con una pérdida de US$51,44 por hectárea.
Por si fuera poco, los costos impositivos adicionales, como el impuesto al cheque (US$10,29 por hectárea) y los ingresos brutos (US$17,17 por hectárea), terminan de completar un cuadro financiero alarmante. “El resultado final es que mientras el productor que alquila el campo e invierte para sembrar soja con un rendimiento de 35 quintales por hectárea pierde casi US$80 por hectárea, el Estado se queda con US$473,29 por hectárea. Si tomamos 18 millones de hectáreas, eso equivale a US$7700 millones”, afirmó Roulet.
Roulet aclaró que este cálculo está realizado sobre la base de un campo ubicado a unos 200 kilómetros del puerto y en el caso de obtener una buena cosecha. Sin embargo, advirtió que si las condiciones climáticas se complican, el panorama podría ser aún más crítico.
Por otro lado, señaló que la situación tampoco es mucho más favorable para quienes alquilan los campos. Si al alquiler de US$348 por hectárea se le suma una pesada carga impositiva, compuesta por el impuesto al cheque, bienes personales, Ganancias y tasas municipales, que asciende a US$114,44 por hectárea, el ingreso neto del productor se reduce a solo US$147,12 por hectárea. En contraste, el Estado logra captar US$784,82 por hectárea, lo que representa el 60% del ingreso generado, mientras que el productor retiene apenas el 11%.
La advertencia del productor surgió en un contexto de crecientes reclamos del sector agropecuario contra las retenciones, acentuados por la caída de los precios internacionales y la falta de lluvias que afectan los cultivos. A este pedido se sumaron las provincias: el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, afirmó que “el campo no puede seguir subsidiando al conurbano bonaerense”, mientras que Martín Llaryora, de Córdoba, pidió “una urgente reducción de las retenciones para fortalecer al sector productivo”.
En tanto, Alexander Pérez, ingeniero agrónomo y productor autoconvocado, difundió un video en el que colocó unas 300 toneladas de avena en forma de hilera y, señalándolas con el dedo, indicó cuánto de esa producción se lleva el Estado. “Para que el trigo o la avena sean rentables, el precio del trigo debería estar en 350.000 pesos, pero hoy está en 200.000 pesos. No da la cuenta”, afirmó.
En diálogo con LA NACION, explicó que realizó el video con el objetivo de mostrarle a la sociedad cuánto realmente se lleva el Estado. “Es una tormenta perfecta, entre la caída de los precios y el mayor acopio de los últimos 20 años. No tenés forma de salir hecho”, lamentó.
Para llegar a sus conclusiones, detalló que se basó en los costos asociados a la producción: insumos, traslado, fletes, y tasas viales, entre otros, en donde no incluyó retenciones que en el caso de la avena no tiene y en el trigo son de un 12%.
“Fui dividiendo los números por tonelada y los resultados son realmente muy negativos”, explicó Pérez y agregó: “Yo voté un gobierno liberal, entiendo que al Presidente le falta caja, pero no puede ser que siempre sea el campo la caja de todos los gobiernos. Con precios internacionales bajos, no se puede estabilizar la economía a costa de fundir productores agropecuarios, porque no afecta solo a la agricultura, sino también a las economías regionales”.
