Las clínicas y centros de prestación de servicios de salud advirtieron sobre problemas de sustentabilidad del sector, dados los desequilibrios entre ingresos y gastos en los últimos años, y propusieron que el Gobierno implemente un plan de consolidación de deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Se busca que se contemplen, por un lado, las obligaciones impositivas impagas de las entidades (algunas de larga data) y, por el otro, los saldos que afirman tener a su favor (acreencias con el fisco), al no poder descargar el IVA pagado en sus compras, dado que las entidades a las que proveen, obras sociales y prepagas, están exentas o pagan alícuotas reducidas.
La propuesta está contenida en el informe económico 2024 de la cámara Adecra+Cedim, que nuclea a más de 400 clínicas, sanatorios, laboratorios y centros de diagnóstico privados. Meses atrás, la Unión Argentina de Salud (UAS) -que reúne a otros actores de la actividad, además de los prestadores- informó que unas 5000 instituciones de diferentes lugares del país habían sido identificadas como deudoras por ARCA (exAFIP).
Los incumplimientos de pagos se dieron y se dan en el marco de un paraguas protector que tiene la actividad desde hace dos décadas: se trata de un impedimento, dispuesto por la normativa, para que el organismo de recaudación las ejecute para reclamar los pagos.
Poco antes de que terminara 2024, el Ministerio de Economía emitió una resolución encomendándole a ARCA que mantenga suspendido hasta el 31 de julio de este año el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares para los contribuyentes del sector de salud. Ese estado de cosas (la imposibilidad de reclamar con esos instrumentos deudas fiscales a las clínicas) se mantiene desde 2002. Es decir, lleva ya 23 años.
Según dijo a LA NACION el economista Jorge Colina, integrante del Departamento de Investigaciones Económicas de Adecra+Cedim, no hay datos oficiales sobre cuál es la deuda que tiene un grupo de entidades del sector por impuestos y obligaciones de la seguridad social no pagadas en las últimas décadas, ni tampoco se conoce el dato agregado de las acreencias de las entidades por los saldos de IVA. “Lo que se propone es un plan de consolidación, para que desde ARCA se calculen ambas cosas y luego se haga la compensación”, afirmó.
La propuesta incluye que, más allá de esa consolidación, se disponga de manera permanente que los créditos fiscales por IVA puedan utilizarse para saldar obligaciones de la seguridad social.
Además de disponerse la prórroga de la suspensión de ejecuciones, a fines de 2024 se aprobó un régimen especial de facilidades de pago de ARCA que, entre otros contribuyentes, incluye a los de la actividad sanitaria. Se contempla la posibilidad de adherir a planes de hasta 24 cuotas, con intereses por financiamiento reducidos. Para la entidad que reúne a las clínicas, sin embargo, esa decisión debería no ser la solución definitiva, sino el puntapié para las “medidas estructurales” que dicen necesitar.
El informe de Adecra ya mencionado, de hecho, alude a la necesidad de un “saneamiento patrimonial” con tres patas: una impositiva (con la mencionada consolidación), una laboral (se propone una descentralización de la negociación de convenios) y una prestacional (se alude a la necesidad de promover la incorporación de tecnologías).
El saneamiento incluye, según el informe, la recomposición de los ingresos de las entidades, especialmente deteriorados a partir de 2020, el año de la pandemia de Covid-19. Según especificó Colina, si se toma como referencia diciembre de 2019, las prepagas cerraron 2024, respecto de sus ingresos, con un retraso de 10%, en tanto que las entidades prestadoras que les venden sus servicios tuvieron a esa fecha una retracción algo mayor, de entre 10% y 15%.
En rigor, hoy la situación es bastante heterogénea: a partir de la desregulación de precios en la actividad dispuesta por el Gobierno a través del DNU 70, de diciembre de 2023, los porcentajes de reajustes de aranceles pagados por las prepagas a los prestadores se definen en negociaciones caso por caso (en el sistema anterior, las prepagas aumentaban según un índice equivalente al 90% de la suba de cuotas a los afiliados). La situación afecta principalmente a los prestadores independientes, es decir, a las instituciones que no son propiedad ni de prepagas ni de obras sociales.
“Nuestros precios no están vinculados con nuestros costos, sino con lo que nos imponen los financiadores que, en general, son oligopolios u oligopsonios”, explicó a LA NACION meses atrás, una vez instrumentada la liberación de precios, Jorge Cherro, presidente de Adecra. Desde el otro lado, también se afirma que en muchos lugares del país los prestadores son pocos y, por tanto, son los que imponen las tarifas.
La crisis por insuficiencia de recursos que el sector viene acusando desde hace décadas (por costos crecientes dada la inflación y las devaluaciones, por nuevas tecnologías, por más exigencias prestacionales dispuestas por leyes sin previsión de financiamiento, por litigiosidad y por otras causas) tiene sus ecos en situaciones que recurrentemente afectan a los pacientes. Ocurren, por ejemplo, las demoras para conseguir turnos, las salidas de profesionales de las cartillas, el cobro o intentos de cobro de copagos o bonos contribución no previstos en los contratos, y las interrupciones de servicios que, por caso, hubo en las instituciones a mediados de 2024, dado el reclamo sindical por mejores ingresos laborales.
Según el informe económico anual de Adecra, el salario real de quienes trabajan en la sanidad tuvo en enero de 2024 su nivel más bajo de los últimos cinco años. A partir de entonces hubo una recuperación, pero aún no se llegó, al menos hasta septiembre último (dato más reciente disponible) al nivel de enero de 2020. En aquel año, el de la pandemia, hubo una fuerte caída del poder adquisitivo de quienes se desempeñan en tareas de salud, al tiempo que a las prepagas se les impidió incrementar las cuotas (algo que repercutió en los ingresos de los prestadores).
Según señalan directivos del sector, en alusión a diferentes medidas que se sucedieron desde 2002 –cuando se declaró la emergencia sanitaria, prorrogada hasta el mes pasado-, las instituciones prestadoras se hicieron dependientes de subsidios, por ejemplo, con la normativa que les permitió no pagar impuestos sin quedar bajo la amenaza de una ejecución. Todo ello, sin que se hayan tomado medidas de fondo para solucionar la crisis, aunque en Adecra esperan ahora que, con una inflación a la baja, la situación se alivie en 2025.
