Luego de haber cesanteado a unos 36 mil empleados públicos el año pasado, el Gobierno estableció un nuevo régimen para el sector: prohibió nuevas contrataciones en el ámbito nacional, estableció la duración máxima de los contratos y confirmó que para acceder a un puesto en el Estado será obligatorio acreditar la aprobación de un examen de idoneidad.
La nueva reglamentación fue oficializada con la última edición del Boletín Oficial de 2024 en la que se publicaron los decretos 1148/2024 y 1149/2024, que llevan las firmas de Javier Milei y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Si bien la normativa establece excepciones al virtual congelamiento de la planta estatal, crea en los hechos un nuevo régimen del empleo público.
El primer decreto es el que suspende el ingreso de nuevos agentes al consignar que «las jurisdicciones y entidades del sector público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza».
La limitación alcanza a contrataciones para las plantas transitorias o por tiempo indeterminado así como también a los denominados «monotributistas» regidos por los famosos contratos 1.109, el que por ejemplo vincula al poderoso asesor Santiago Caputo con la Secretaría General de la Presidencia.
Las excepciones del nuevo régimen
Sin embargo, la reglamentación fijó una serie de excepciones para estas restricciones entre las que se encuentran «las designaciones en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; en las Universidades; en el Servicio Exterior de la Nación; en el Cuerpo de Guardaparques Nacionales; en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y en el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción dependientes del Ministerio de Salud», entre otras.
También establece un curioso requisito para validar nuevos ingresos: se podrá «disponer únicamente de un alta en el supuesto que se informe tres bajas de personal, cualquiera fuera la causal”.
La segunda reglamentación publicada en el BO, en tanto, estableció que como un paso ineludible para el ingreso de nuevos agentes que éstos pasen el denominado examen de idoneidad. «Deberá acreditar la aprobación de la Evaluación General de Conocimientos y Competencias durante el mes de diciembre de 2024«, sostiene. Y delimitó que las contrataciones del sector público nacional «no podrán extenderse más allá del 30 de junio de 2025».
Lo cierto es que el nuevo régimen del empleo público llega para moldear la planta estatal nacional que diagraman los técnicos libertarios luego de un año en el que se eliminaron distintas reparticiones y se reorganizaron áreas del Gabinete nacional.
El pasado lunes el ministro Sturzenegger difundió la cifra actualizada de empleados públicos que fueron despedidos por la gestión de Milei durante los primeros 11 meses del 2024: el total ascendía a 35.936.
Esa cifra se compone de 21.408 personas que perdieron su trabajo en la administración centralizada y descentralizada, 2.577 que fueron echados de sus funciones como personal Militar y de Seguridad, y 11.951 que trabajaban en empresas del Estado.
El funcionario celebró, a través de su cuenta de la red social X, la cifra de empleados desafectados y sostuvo que «siempre menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado. En otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños».
En diciembre pasado, en tanto, se sumaron unos 2.200 despidos en el ámbito del ministerio de Justicia -la mayoría de los famosos «contratos ACARA»- y de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público, un organismo creado por la denominada Ley de Medios al que ahora el Ejecutivo anticipó su intención de eliminar.
