Este martes, 31 de diciembre, último día del año, vence la resolución de congelamiento de las dietas que los senadores aprobaron en agosto. Si no hacen nada, automáticamente en enero pasarán a cobrar más de $ 9 millones bruto. Dado que no sesionaron -como pidió Victoria Villarruel– los bloques del oficialismo, el PRO y la UCR le piden a la vice que extienda el congelamiento por vía administrativa: es decir, que firme una resolución para evitar el escándalo. Pero la vice exige que todos estén de acuerdo antes de poner la firma.
Este enero los senadores ya van a cobrar la segunda parte de la «dieta 13», aprobada en abril a modo de compensación porque no tienen aguinaldo. Se trata de 2,5 millones. «Nadie manifestó ninguna intención de no cobrar eso antes ni ahora. De hecho ya cobraron la primera mitad en julio», señalan desde la Cámara.
Lo que está en discusión es el vencimiento del congelamiento de las dietas. La resolución que vence este martes planteaba que el sueldo de los legisladores quedaría en 2.500 módulos, que es el sistema utilizado para definir los sueldos de los empleados del Congreso, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo.
Si bien el valor de los módulos fue aumentando con las paritarias de 2024, los de los senadores quedaron congelados. Pero al quedar sin efecto la resolución, si bien no percibirán retroactivamente los aumentos otorgados durante el año, la dieta se va a calcular sobre los módulos actualizados y habrá automáticamente un aumento que llevaría los sueldos de los senadores a más de $ 9 millones brutos.
Luis Juez arrancó la movida
El viernes pasado, el jefe de bloque del PRO, Luis Juez, le envió la primera carta a Villarruel manifestando «la expresa voluntad de no percibir aumento alguno en las dietas». «Nuestro país requiere de quienes hemos sido honrados con la representación de nuestros compatriotas, una actitud responsable y ejemplar», sentencia en la carta.
Acto seguido le solicita en nombre de su bancada (7 senadores) que por el receso vigente «se prorrogue el congelamiento de las dietas hasta el 1 de marzo de 2025, para que el tema sea tratado por el cuerpo en el próximo período de sesiones ordinarias«.
La bancada de La Libertad Avanza (6 senadores) también mandó una misiva este lunes planteando lo mismo aunque no fijan fecha: piden que se mantenga la suspensión de aumentos hasta que se trate el tema en las sesiones ordinarias de 2025. El ex libertario echado, Francisco Paoltroni, también mandó una carta en el mismo sentido.
Por la noche, el bloque de la UCR (13 senadores, conducidos por Eduardo Vischi) se sumó con quejas: «Es lamentable cómo se manipula y se desinforma respecto a este tema utilizando como instrumento de desprestigio ante uno de los poderes públicos de la Nación que son fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensables para el control de los abusos que hemos vivido ya en otros momentos de la historia».
La queja es un tiro por elevación a la Casa Rosada, que viene presionando a Villarruel por el tema. De hecho, en el cortocircuito que la vice tuvo con Patricia Bullrich por el caso del gendarme detenido en Venezuela, la ministra de Seguridad se lo enrostró y más tarde señaló que el propio Javier Milei estaba «indignado».
«Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación. La ciudadanía está haciendo un esfuerzo heroico para superar la crisis heredada y no merece financiar dietas de 9,5 millones para ningún legislador», lanzó Bullrich contra Villarruel.
El dilema de Villarruel
Villarruel fue la primera en advertir el escándalo en puerta. Y ya en la sesión en que expulsaron al peronista Edgardo Kueider planteó que se vote el congelamiento. Pero en ese entonces, los bloques aliados no quisieron.
La vicepresidenta sostenía que ella no podía decretarlo por resolución, que los senadores tenían que hacer una sesión para que todo el cuerpo avale si quieren prorrogar el congelamiento, o no.
Pero las bancadas tampoco quisieron sesionar después. Incluso advirtieron los riesgos de abrir el recinto, porque asumiría la camporista que reemplaza a Kueider y el kirchnerismo podría intentar rechazar el DNU de la deuda de Milei.
Lo cierto es que hasta ahora el Frente de Todos, que conduce José Mayans (17 senadores), no envío ninguna carta. Tampoco Unión Ciudadana (16 senadores K) ni los bloques federales.
En la presidencia de la Cámara advierten que si no hay consenso de todos la vicepresidenta no puede poner la firma. «La intención es encontrar una solución que no nos lleve a un problema más adelante que tiene que ver con la legitimidad de la resolución», plantean y aseguran que están buscando «una solución».
A su vez, los pedidos unilaterales de los legisladores de «no percibir» el aumento es inviable desde lo administrativo. Ya surgió esa discusión en la pandemia, cuando diputados querían renunciar a sus dietas. Por eso empezaron a donarlas.
Para que sea correcto tiene que haber un decreto presidencial a solicitud de todos los bloques o una resolución votada en el recinto.
