Desde que tomaron el poder en Afganistán en 2021, los talibanes comenzaron con una política marcada por la reducción de derechos y actividades permitidas para las mujeres. En este marco, el sábado por la noche anunciaron una nueva medida: la prohibición de construir ventanas en lugares residenciales desde donde se pueda ver a mujeres para “prevenir la obscenidad”.
Zabihullah Mujahid, portavoz del gobierno talibán, publicó un comunicado en la red social X en el que detalló que los nuevos edificios que se construyan no podrán tener aberturas que muestren “el patio, la cocina, los pozos comunes y otros lugares que suelen utilizar las mujeres”.
“El ver a mujeres trabajando en las cocinas, patios o sacando agua de un pozo puede generar actos obscenos”, explicó el documento difundido, escrito en parte en árabe, darí y pastún.
En el caso de las viviendas ya construidas que tengan características de este tipo, los talibanes invitaron a los propietarios a construir un muro u obstruir las vistas de alguna manera, para así “evitar causar molestias a los vecinos”. El ayuntamiento y otras autoridades competentes deberán vigilar las obras para asegurarse de que no sea posible ver el hogar de sus vecinos, aclaró el comunicado.
Esta medida no sorprende en el marco de lo que las Naciones Unidas describieron como un “apartheid de género”, en el que las mujeres fueron progresivamente expulsadas de los espacios públicos. Actualmente, no pueden ser vistas en parques, gimnasios, centros de belleza, ni tampoco salir de sus casas sin un acompañante masculino y sin llevar correctamente el velo que oculte su rostro. Al mismo tiempo, no se les permite cursar estudios secundarios o superiores y están obligadas a abandonar su educación al terminar la primaria; y varias estaciones de radio y televisión dejaron de emitir voces femeninas.
En agosto de este año, el gobierno afgano implementó lo que se conoce como leyes draconianas, lo que desvaneció completamente las esperanzas que albergaban las mujeres de una flexibilización de las severas restricciones que les imponían. El nuevo código religioso prohíbe a las mujeres levantar la voz, recitar el Corán en público y mirar a la cara a hombres que no sean sus maridos o familiares. También exige que se cubran la mitad inferior de la cara, además del velo que ya se esperaba que usaran.
Al no poder salir sin acompañante, no tienen permitido trabajar por fuera de sus hogares. A esto se suma que recientemente el jefe supremo del régimen fundamentalista, Haibatulá Ajundzadá, anunció que cerrará todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales y extranjeras en Afganistán que empleen mujeres. El anuncio se hizo dos años después de que se ordenara a las ONG suspender el empleo de mujeres afganas, supuestamente porque no llevaban el hiyab islámico correctamente.
En una carta publicada en las redes sociales, el Ministerio de Economía -responsable del registro, coordinación, liderazgo y supervisión de todas las actividades realizadas por estas entidades- advirtió que el incumplimiento de la nueva orden llevaría a las ONG a perder su licencia para operar en Afganistán. “En caso de falta de cooperación, todas las actividades de esa institución serán canceladas y la licencia de actividad de esa institución, otorgada por el ministerio, también será cancelada”, afirmaron.
La iniciativa se suma a otros intentos del Talibán de controlar o intervenir en la actividad de las ONG. A principios de este mes, el Consejo de Seguridad de la ONU informó que se incrementó la proporción de organizaciones humanitarias que informaron de que su personal femenino o masculino había sido detenido por la “policía de la Moral” del Talibán. Por su parte, los talibanes negaron estar impidiendo que las agencias de ayuda lleven a cabo su trabajo o interfiriendo en sus actividades.
Esta organización que se encarga de las detenciones es una extensión de los elementos más conservadores del régimen, y se trata de distintos grupos que hombres que recorren las calles con sus características túnicas blancas mientras buscan a aquellas personas que estén incumpliendo los mandatos impuestos por el gobierno.
Los oficiales recorren las paradas de colectivos y los centros comerciales en busca de violaciones al código de vestimenta o de lo que las mujeres tienen permitido.
Con información de AP y AFP
