Tal como ha hecho en otras áreas, cuando los funcionarios toman un tema, lo analizan y lo desregulan, ahora el Gobierno ha puesto el ojo en las góndolas de los supermercados. En las últimas semanas empezó a tomar forma un borrador con el que se intentarán varias cosas, todas referidas a los alimentos.
La primera medida, aunque no la principal, es alentar la llegada de nuevos productos para generar una referencia de precio que impacte en las remarcaciones de algunos fabricantes. Claro que esa es una consecuencia, pero lo que el Gobierno pretende es poblar las góndolas de las principales cadenas de abastecimiento de nuevos productos, después de años en los que la Argentina consumió “lo que había en la góndola y no lo que quiso”.
Como si fuera poco, prometen reabrir otro gran debate con los famosos octógonos negros. Y si bien no dan demasiados detalles, entre los reguladores argentinos consideran que hay que modificarlos. ¿De qué se trata? Desde octubre de 2021, cuando se sancionó la Ley de Etiquetado Frontal, también conocida como Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados con nutrientes críticos y valor energético superiores a los valores establecidos en esa ley deben incluir en la cara principal un sello de advertencia indeleble por cada nutriente crítico en exceso, según corresponda: “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales” y, finalmente, “Exceso en calorías”.
“¿Podría eliminarse el etiquetado frontal?”, preguntó LA NACION a un regulador argentino. “No se si eliminarse, pero al menos discutirse. Entendemos que en muchos casos se presta a confusión, porque no diferencia entre los distintos grados de excesos que puedan tener. A veces no incentiva a comer sano, porque no hace diferencias. Es decir, califica a muchos alimentos de la misma manera, cuando tienen diferentes grados de componentes. Por ejemplo, de azúcar”, explicó.
Inmediatamente dio el ejemplo del yogurt, que en su envase, la mayoría de las veces, exhibe el octógono que dice “Exceso de azúcares”, característica y aviso que también tiene la mermelada de frutas y el caramelo. “Todos tienen el mismo sello, con lo cual a mucha gente le puede dar lo mismo consumir uno que otro. Ahora bien, tal como lo explican en las oficinas donde se regulan este tipo de cuestiones en la Administración Pública, el yogurt tiene un 6% de exceso de la tabla que se estableció por ley; la mermelada de frutas se pasa en un 52% y los caramelos, en 70%. Pero todos tienen la misma etiqueta. Lo vamos a revisar”, agregó el funcionario.
Eso no será todo. Como se dijo, la apertura para hacer más fácil el ingreso de alimentos no es una cuestión menor. En el Gobierno pretenden que aquello que está certificado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) debería ingresar sin más requisitos al país. Es decir, validar el sello de aptos de la OCDE y, de esta manera, evitar los tiempos y los requisitos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). De esta manera, dicen, sería más ágil la importación y, en el corto plazo, se podrían ver más opciones de alimentos en las góndolas argentinas.
Actualmente, para ingresar productos y subproductos de origen vegetal se debe obtener un Certificado de Importación. Este trámite contempla la emisión del permiso como resultado de la verificación física y documental de la mercadería en cumplimiento de los requisitos fitosanitarios de importación establecidos en la Autorización Fitosanitaria de Importación (Afidi).
Para el caso de los productos de origen animal, los requisitos son aún mayores. “Todas las solicitudes de importación de productos y subproductos de origen animal de una nueva planta de un país que exporta a la Argentina quedarán sujetas a la previa inspección de la misma, cuando el Senasa lo considere. Podrán eximirse de la habilitación a aquellas plantas que elaboren mercaderías destinadas a la industria cuando no tengan como destino el uso humano o animal en cualquiera de sus formas y la importación de esas mercancías no implique riesgo sanitario por su origen o procedencia”, dice la norma.
En el Gobierno consideran que semejante burocracia no sólo implica tiempo, sino que dentro de ese berenjenal de trámites se esconden negociados de los que pueden frenar una importación con sólo abstenerse de firmar, o quienes dilatan el trámite al punto que se convierte en un expediente a tracción a pesos subterráneos. “Hay que eliminar todo eso. Y si hay un organismo como la OCDE que ya evaluó, pues no tiene sentido que acá se vuelva a mirar todo otra vez. Esos son los nichos de la casta burocrática”, dicen en el Gobierno.
Por ahora, no hay un cronograma claro respecto de cuándo se va a empezar con el debate. Pero en la corta historia de este Gobierno ya se escribió un capítulo: el de los reguladores. Cuando algo no les gusta, lo demuelen con una norma y desregulan. Al menos, en los próximos 200 días, cuando vencen las facultades delegadas, estas modificaciones están a tiro de decreto.