Patricia Bullrich anunció este martes el regreso en 11 ciudades argentinas del Servicio Cívico destinado a jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian. Se trata de un programa que la ministra de Seguridad implementó en 2019 durante su paso por esa cartera, a través del cual se buscará entregarle a ese universo de personas “herramientas y capacitación laboral y educativa”.
Es, al menos, lo que la funcionaria de Javier Milei destacó en sus redes sociales. “Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga”, advirtió, en una publicación en la red social X que vistió con un video donde se la ve firmando una serie de documentos junto a, entre otros, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El texto de Bullrich, además, aclaró que convocará a los jóvenes de ese rango etario “para brindarles formación en disciplina, respeto y valores”, y que el trabajo se llevará a cabo “de la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano”. “
Se trata, indicó la ministra de Seguridad, de “una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales”. La adhesión, en este marco, será de carácter voluntario.
En definitiva, es una especie de reedición del programa que concibió el gobierno de Mauricio Macri en julio de 2019, apuntando a jóvenes de 16 a 20 años que no podían estudiar y tampoco trabajaban, y que finalizó en diciembre de ese mismo año.
La resolución 598/2019 del Ministerio de Seguridad, que llevó la firma de Bullrich, estableció que el Servicio Cívico nacía “como una herramienta para brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales».
Años antes de esa normativa, el «Servicio Cívico Voluntario» había sido debatido en el Congreso. El proyecto fue presentado por Julio Cobos cuando era vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner y contaba con el aval de la entonces Presidenta. El dirigente mendocino buscaba llevar a nivel nacional algo que había implementado en su provincia, durante su gobernación.
La iniciativa daba terminalidad educativa y formación en oficios en algunas en instalaciones militares y de la Fuerza Aérea que estaban en desuso. Después de la pelea por la 125, el Gobierno K ninguneó el proyecto, que fue re-impulsado por la UCR en la Cámara Alta y obtuvo media sanción a fines de septiembre de 2010.
El «Servicio Cívico Voluntario» de Cobos naufragó luego en Diputados donde nunca se trató.