Apenas inició el segundo año de gestión de Javier Milei, el Gobierno activó la nueva etapa del ajuste, bautizada como “deep motosierra”. Su primera medida se conoció a través de un decreto en el Boletín Oficial: disolvió un organismo desconcentrado del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Se trata de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Microcréditos para el Desarrollo de la Economía Social. Este fue un organismo creado en 2006 y en su última etapa, antes de la era libertaria, reportó al dirigente social Emilio Pérsico. En el decreto, el Poder Ejecutivo observó que esta estructura del Estado estaba afectada por “ineficiencia operativa y un claro sobredimensionamiento de la estructura de la Comisión, en tanto los gastos anuales en personal exceden significativamente los recursos destinados al cumplimiento de su objetivo principal”.
Según los números que el Gobierno volcó en el Boletín Oficial, los salarios en bruto de septiembre del personal a cargo de esta Comisión sumaron $100.584.210. “Anualizado asciende a $1.307.594.730, superando el presupuesto total asignado al Programa de Microcréditos para el Ejercicio 2024″, sostuvo el Ejecutivo.
De acuerdo con datos oficiales, el programa cuenta con un presupuesto de $1.178.796.541, de los cuales se ejecutaron $64.780.204 hasta septiembre. Es decir, el organismo desembolsó el 5,5% de los fondos que tenía disponible para cumplir funciones. Según la ley que dio origen a la comisión, tenía el objetivo de regular el microcrédito, “a fin de estimular el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las políticas sociales”.
Un detalle sobre la dotación de esta comisión: contaba con 72 empleados, según información oficial a la que tuvo acceso LA NACION. En el Mapa del Estado se explica que tenía un coordinador general y otros cuatro coordinadores de áreas más específicas. De acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial, todos ellos pasarán a disponibilidad. ¿Qué significa esto? Durante 12 meses el Gobierno podrá reubicarlos en otro área mientras les sigue pagando el sueldo. Cumplido ese plazo, si ningún otro organismo absorbe a ese personal, entonces serán indemnizados y desvinculados formalmente.
La disolución de este organismo es la primera medida de lo que se conoce como “deep motosierra”. En los despachos oficiales contaron que el equipo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, en conjunto con las otras áreas de la Administración Pública nacional y entes descentralizados, busca qué organismos están duplicados y, en consecuencia, cuáles pueden ser eliminados, simplificados o fusionados.
Los criterios que utiliza el Gobierno para detectar las áreas plausibles de esta “deep motosierra” son la utilidad, eficiencia y justificación. Explicaron que, si se trata de un organismo del Estado nacional que cumple funciones correspondientes a las provincias o municipios, o que esa misma tarea pertenece al sector privado, entonces el recorte avanzaría por allí.
Tal como había adelantado LA NACION, el primero fue esta comisión, pero en el radar del Gobierno aparecen más organismos. Uno de ellos es el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), de la Secretaría de Comercio, a cargo de Esteban Marzorati. Este organismo se encarga de recibir denuncias del consumidor, algo que ya realizan otras áreas. Mismo ejemplo utilizan en Transporte y los entes que realizan los mismos controles.
Para ponerlo en números, el Ejecutivo contabilizó que eliminó 250 estructuras organizativas del Estado. En esta segunda etapa proyecta que ese número supere las 300.
