CÓRDOBA.- Mientras el Ministerio de Economía lleva a fondo su pelea por la inclusión de tasas municipales o cargos provinciales y municipales en las facturas de servicios públicos, fuentes de la Secretaría de Energía admitieron a LA NACION que analizan la creación de un cargo fijo en las facturas de luz de todos los usuarios para financiar AMBA I, una obra “prioritaria” del plan de expansión de transmisión eléctrica que requiere de unos US$1000 millones y cuya licitación saldría este mes.
“Está en análisis todavía ese tema -dijeron fuentes oficiales-. No hay nada definido aún”. Por su lado, funcionarios de varias provincias que mantienen reuniones con sus pares de la Secretaría de Energía confiaron que la posibilidad les fue adelantada, a la vez que les plantearon que el impacto en el monto de la factura sería de entre 1% y 2%
Transener no es la ejecutora de obras, sino que su rol es operar y mantener el sistema. Desde la empresa explicaron a LA NACION que en las “guías de referencia” hacen un análisis de la situación del sistema y las obras necesarias. “Nuestro trabajo es presentar las ampliaciones necesarias del sistema de cara al crecimiento de la demanda; es la Secretaría de Energía la que define cómo se paga la obra”, insistieron.
Sí dijeron que, dentro de una propuesta de cómo financiar la obra, mostraron que “el costo en un estampillado puede ser bajo, pero no es una definición nuestra”. La denominación de “estampillado” es para los esquemas que implican trasladar el costo a la demanda. En el caso de AMBA I, sería reunir fondos a través de un “mínimo” incremento de la tarifa.
En enero de 2022, el gobierno de Alberto Fernández anunció que la Secretaría de Energía y la empresa china CET habían avanzado en la búsqueda de financiamiento para obras “fundamentales para garantizar la confiabilidad” del sistema eléctrico. Era, precisamente, la AMBA I. La calificaron, entonces, como la “mayor de este tipo en el AMBA en los últimos 30 años”. Ese acuerdo se frenó. Antes el proyecto había estado en el programa de Participación Público Privada (PPP) de la gestión de Mauricio Macri.
Las fuentes de Energía indicaron a este diario que la “idea preliminar” era que la AMBA I “llegue para el invierno que viene”. Como todavía debe licitarse, los tiempos se extenderán.
Si, finalmente, la Secretaria de Energía decide aplicar el cargo fijo se generará seguramente una polémica porque desde Economía vienen cuestionando también a provincias o municipios que crearon tributos para financiar obras aunque, por supuesto, hay muchas que las cobran sin contraprestación alguna.
Hace un mes, el Gobierno sancionó a 95 empresas distribuidoras de servicios de todo el país por incluir las tasas o cargos en sus facturas que no pertenecen al contrato entre el proveedor y los usuarios. Luis Caputo celebró la decisión en sus redes sociales y destacó: “¡Vamos a emplear todas las herramientas a nuestro alcance para terminar con esta avivada!”. Se abrieron 244 expedientes vinculados a las imputaciones, uno por cada localidad en la que operan las empresas y donde se registró que se incumplieron las normas.
En octubre el Gobierno oficializó la puesta en marcha de un plan de “Contingencia y Previsión” para los meses de verano e invierno, que atraviesen temperaturas extremas, ante la posibilidad de la falta de energía eléctrica. A través de la resolución 294/2024 se establecieron medidas para la generación, el transporte y la distribución, así como para la aceleración de trabajos pendientes, alternativas y tarifas que quiten incentivo al consumo y reduzcan la demanda.
