El extenso y apasionado debate del proyecto contra la ludopatía y las apuestas online ocultó el miércoles de la semana pasada un hecho poco habitual que sucedió a la medianoche en el recinto de la Cámara de Diputados. La mayoría de los bloques opositores aprobaron a mano alzada un proyecto de declaración rechazando el decreto 780 del Gobierno que restringe el acceso a la información pública. Además, solicitaron al Poder Ejecutivo su derogación.
La inclusión de este asunto en el temario del día, avalada por toda la oposición desde el PRO hasta el kirchnerismo, había sido un pedido de la radical Karina Banfi, secretaria de la comisión de Asuntos Constitucionales y una de las férreas defensoras del libre acceso a la información relacionada con las actividades tanto del Presidente como de su gabinete.
Aquélla votación masiva solo encontró rechazo en los diputados de La Libertad Avanza; de los tres peronistas tucumanos que responden al gobernador aliado, Osvaldo Jaldo; y del santacruceño Sergio Acevedo.
¿Por qué un proyecto de resolución? Todo se remite a la modificación que Javier Milei hizo en un decreto de reglamentación de Mauricio Macri. La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, enviada por el gobierno de Cambiemos fue sancionada en 2016 y reglamentada por el ex presidente un año después.
Como resultado del acceso a la información gubernamental, entre 2017 y septiembre de 2024, se realizaron unos 48 mil pedidos a distintos organismos del Estado, y más del 90% fueron respondidos.
Pero el 1° de septiembre el Gobierno dictó el Decreto 780/2024, que introdujo modificaciones en la reglamentación de la ley. Entre los cambios más significativos, se encuentra una nueva definición de “información pública” que excluye datos de naturaleza privada o sin “interés público comprometido”.
El inmediato enojo de Macri y de los diputados del PRO se debió a que ni siquiera fueron avisados, pese a que días antes habían mantenido una reunión de trabajo en la Casa Rosada. El otro argumento, fue que se trataba de un mensaje en contra de la prensa y de la investigación periodística ya que casos como la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos en plena pandemia no se habrían ventilado en los medios si hubiera estado limitado el acceso a la información.
Más allá que en algún momento el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abriera la posibilidad de dar marcha atrás con la restricción, fue el asesor Santiago Caputo el que la cerró. Por eso la oposición insistió la semana pasada con ese proyecto de resolución.
¿Para qué sirve? Al sumar semejante adhesión, un sector de los opositores aliados planea presentarse ante la justicia como amicus curiae de alguna de las tres demandas en contra del decreto, y así pedir que se declare inconstitucional al decreto reglamentario del Gobierno.
“Lamentablemente, este Gobierno bajo el decreto 780/2024 pretendió restringir el acceso a la información. Vulneró principios claves para la transparencia de los actos públicos. Por eso desde el primer momento, exigí la derogación de esta reglamentación ya que la gravedad institucional que representa el exceso en sus facultades, legislando por encima de lo que la Constitución le permite lo hace inconstitucional”, aseguraba días atrás la diputada Karina Banfi.
Cómo un fallo declarando inconstitucional la modificación del decreto reglamentario podría ser desoído por el Ejecutivo, también analizan recurrir a la Corte Interamericana. Aunque todas estas movidas de los opositores dialoguistas tiene como principal objetivo, dejar expuesto al oficialismo.
