La Policía de Corea del Sur abrió este jueves una investigación al presidente del país, Yoon Suk-yeol, por las sospechas de que cometió traición al declarar el martes pasado la ley marcial, lo que se suma a la moción para la destitución del mandatario que la oposición prevé votar el próximo sábado.
La investigación de las autoridades surcoreanas se conoció el mismo día en que Yoon aceptó la dimisión del ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, señalado por su responsabilidad en el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional tras la aplicación de la ley marcial, una medida que derivó en horas de gran tensión en la sede parlamentaria y a la que respondió la población con protestas.
Los partidos de oposición habían presentado antes una moción separada para destituir a Kim, alegando que recomendó que Yoon impusiera la ley marcial. El ministro se había ofrecido renunciar y pidió disculpas por causar trastornos y preocupación a la población.
La movilización ciudadana para reclamar la renuncia de Yoon también continuó este jueves en Corea del Sur, con marchas previstas en el país y algunos trabajadores uniéndose a la llamada a la huelga general indefinida realizada en la víspera por la principal confederación sindical del país hasta que el mandatario abandone su cargo.
A las presiones políticas y sociales que afronta Yoon para que asuma su responsabilidad tras la conmoción causada por la fugaz ley marcial que decretó se añade ahora la investigación abierta por la Policía surcoreana, por las sospechas de que podría haber cometido traición al recurrir a esa medida excepcional con fines políticos.
La investigación fue asignada al equipo de investigación de Seguridad bajo la Oficina Nacional de Investigación de la Agencia Nacional de Policía, después de que se presentaran dos denuncias, según detalló un oficial del Cuerpo en declaraciones a la agencia local Yonhap.
Una de las denuncias fue presentada por el partido opositor minoritario Rebuilding Korea Party, mientras que la otra fue presentada por un grupo de 59 activistas.
Las denuncias acusan no sólo a Yoon, sino también al ex ministro de Defensa Kim Yong-hyun, al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Park An-su, y al ministro del Interior, Lee Sang-min, de traición y otros cargos por su papel en la declaración y posterior levantamiento de la ley marcial.
El mencionado ex ministro de Defensa abandonó precisamente su cargo este mismo jueves, al hacerse efectiva la dimisión que había ofrecido al presidente por su responsabilidad al haber ordenado a las tropas entrar en la Asamblea Nacional y bloquear a los legisladores para que no ingresaran en el recinto tras decretarse la ley marcial.
Kim, considerado un «halcón» y una figura muy cercana a Yoon, es una de las personalidades más señaladas en el Gobierno surcoreano tras el caos desencadenado por el decreto de la ley marcial especial y su posterior revocación.
Las marchas contra el presidente surcoreano no cesan desde el martes. Foto: AP
Yoon declaró la ley marcial argumentando que la oposición -a la que acusó de «pronorcoreana»- estaba llevando a cabo con sus políticas «actos antiestatales», pero esta medida fue revocada por la propia Asamblea Nacional pese a los intentos del Ejército por impedirlo, obligando al presidente a invalidarla apenas seis horas después de haberla decretado.
Moción de destitución
La principal formación opositora en Corea del Sur, el Partido Democrático (PD), anunció este jueves su intención de votar el sábado en la Asamblea Nacional la moción para la destitución del presidente por haber decretado la ley marcial y haber intentado cerrar el Parlamento, con aparentes motivaciones políticas.
La moción contra Yoon lo acusa de intentar un “autogolpe” al movilizar al Ejército. También sostiene que la declaración no cumplía el requisito constitucional de que solo debe considerarse en situaciones de crisis graves. Además, alega que la decisión de declarar una suspensión de la actividad de los partidos políticos y desplegar tropas en un intento de blindar la Asamblea Nacional equivalía a una rebelión.
Yoon anunció la ley marcial en una declaración televisada para proteger el «orden constitucional» de actividades «anti-estatales», de las que acusa al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), al que tildó de llevar a cabo «actividades anti-estatales» y simpatizar con el régimen comunista de Corea del Norte.
Protestas contra el presidente surcoreano en Seúl, este jueves. Foto: AP
Para que la iniciativa parlamentaria salga adelante es preciso el respaldo de dos tercios de la cámara, lo que significa que el bloque opositor (que cuenta con clara mayoría parlamentaria con 192 escaños) necesitará contar con ocho votos adicionales que saldrían de los 108 con los que cuenta el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon.
Por tanto, la clave está ahora en si los parlamentarios del PPP seguirán la línea marcada por el líder de la formación, Han Dong-hoon, quien les ha pedido votar en contra del destitución de Yoon, o si en cambio atenderán al clamor popular contra el presidente.
La encrucijada que afronta el partido gobernante la refleja la postura del propio Han, quien ha tachado la ley marcial de «inconstitucional» y ha llamado al presidente a abandonar la formación política conservadora, pero al mismo tiempo ha prometido «trabajar para que la moción no prospere».
En caso que la moción salga adelante Yoon quedaría inhabilitado y la jefatura de Estado y Gobierno sería asumida de manera interina por el primer ministro, Han Duck-soo, a la espera de que el Tribunal Constitucional determine en un plazo máximo de 180 días si el presidente vulneró o no la Carta Magna al declarar la ley marcial el pasado martes.