El Congreso chileno aprobó este miércoles la creación de un nuevo ministerio de Seguridad Pública, un proyecto polémico que superó así su último trámite constitucional y fue despachado para su pronta promulgación.
«Podemos hacer acuerdos cuando tenemos voluntad y eso para Chile es esperanzador y además dignifica la política», afirmó al término del debate la ministra del Interior, Carolina Tohá, sin especificar cuándo se habilitará la nueva repartición.
«Hay que recordar que el Ministerio está inserto en una estrategia más amplia de seguridad y es una pieza clave», subrayó la secretaria de Estado, a cargo de impulsar durante los últimos meses una serie de iniciativas para combatir al crimen organizado en el país suramericano.
La oposición fue especialmente crítica con la iniciativa, que fue presentada originalmente años atrás por el entonces presidente conservador Sebastián Piñera: «Más burocracia no va a solucionar este problema», descargaron parlamentarios del ultraderechista Partido Republicano.
Por su parte, parlamentarios oficialistas señalaron que «sacar la seguridad de un ministerio tan expuesto como Interior es algo fundamental para mejorar la gestión del Estado».
Al finalizar el debate en la Cámara de Diputadas, última fase legislativa tras la elaboración de un informe por parte de una Comisión Mixta (integrada por diputados y senadores), el proyecto fue aprobado con 91 votos a favor, 28 en contra y seis abstenciones.
Un total de 120 nuevos funcionarios llegarán a la nueva cartera, además de 700 trabajadores del Ministerio del Interior que serán trasladados a la entidad.
Como el resto de las secretarías de Estado, Seguridad Pública tendrá 16 oficinas regionales y tendrá facultades de coordinación dentro del gabinete de gobierno.
Quien encabece la repartición será el jefe de las policías, en tanto sobre la figura del delegado presidencial descasará la representación del jefe de Estado a través del Ministerio del Interior.
Chile vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado trasnacional, que ha llevado a la tasa de homicidios desde los 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023.
