El Gobierno de Javier Milei informó que impulsará una reforma del régimen migratorio, que incluirá el arancelamiento de las universidades y de la atención sanitaria para los extranjeros no residentes. Además el Ejecutivo tiene previsto sumar más cantidad de delitos a los que hoy impiden el reingreso al país.
Así lo indicó el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa realizada esta tarde en la Casa Rosada, en la que también informó que el Gobierno aún no resolvió si llamará a sesiones extraordinarias ni qué proyectos se podrían tratar en caso de que así suceda, aunque anticipó que podría haber novedades en los próximos días sobre este tema.
«El Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de la medida es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos», dijo el portavoz en la introducción, antes de empezar a enumerar las medidas. En su exposición no especificó cuáles se serán los instrumentos (decretos, leyes, resoluciones) que se usará para concretar este plan.
«En primer lugar vamos a impulsar que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Como ejemplo, hoy uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero», señaló.
El Gobierno también prevé el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros. «Los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país. Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos«, dijo y arengó que con esto se terminarían «los tours sanitarios».
En la reforma se anunció que se van a incorporar más delitos para impedir el ingreso a la Argentina o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. «Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, cometiendo el delito, o se lo detiene atentando contra el sistema democrático, por ejemplo atacando los instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país», detalló.
Agregó que tampoco podrán ingresar quienes presenten documentación apócrifa o cuando «se sospeche» que el motivo de su ingreso es distinto al que declaró al hacer el trámite migratorio. El proyecto prevé penas de prisión para los que violen la prohibición de reingresar al país.
“La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, aseveró.
Al ser consultado sobre los motivos que impulsan estas medidas, Adorni respondió que el objetivo es que «el residente argentino esté por encima de los no residentes. Poner al servicio la salud de un extranjero que viene a sacarle recursos a un argentino es bastante poco justo».