Bélgica acabó hace años con el debate sobre si ilegalizar o no la prostitución. A la contra que países como los escandinavos, que intentan su abolición con ilegalización y multando a sus clientes, los belgas dan esa batalla por perdida y prefieren que la actividad de la prostitución esté lo más regulada posible. En el origen de la medida está el ministro de Trabajo y vice primer ministro, el socialdemócrata Pierre-Yves Dermagne.
Este domingo entró en vigor un nuevo “Estatuto de los trabajadores del sexo”, que había sido aprobado por el Parlamento federal el pasado 3 de mayo y que busca proteger mejor los derechos de un sector que siempre se movió en los márgenes de la economía. Los hombres y las mujeres que se prostituyen tendrán, a partir de ahora, que legalizar su actividad con un contrato de trabajo con una empresa (como un local de alterne) o como trabajadores autónomos.
Con la ley ya en vigor, las y los trabajadores del sexo tendrán derecho a un estatuto de protección que debería sacarlos de la zona gris en la que se movieron hasta ahora. Su trabajo era tolerado sin ser legalmente reconocido como tal. No tenían derecho a prestaciones sociales de ningún tipo, ni vacaciones pagadas ni desempleo si no podían ejercer su actividad.
El nuevo “Estatuto de los trabajadores del sexo” les garantizará un contrato de trabajo que les dará una cobertura social sanitaria y que hará que puedan exigir sus derechos, por ejemplo sobre una remuneración que no puede ser inferior al salario mínimo legal (que supera ya los 1.600 euros en Bélgica) o sobre tiempo de trabajo (un máximo de 35 horas y al menos dos días de feriado a la semana). También tendrán derecho a protección legal contra los riesgos ligados a su actividad.
Los trabajadores y las trabajadoras del sexo (ellas siguen siendo más, según los datos que maneja el gabinete de Dermagne, pero ellos son cada vez más) podrán rechazar clientes o actividades sexuales sin que por eso se vean en riesgo de ser despedidos por sus patrones y podrán acabar una actividad sexual en cualquier momento. También podrán imponer sus condiciones antes de empezar una actividad sexual.
Mientras Bélgica, como ya hizo Alemania, apuesta por la legalización y por sacar a la luz la prostitución, con la idea de que la abolición es imposible porque es una actividad muy fácil de esconder y que dejaría sin derecho a alguno a mujeres muchas veces víctimas de trata, países como Suecia o Noruega apostaron desde hace décadas por luchar atacando al cliente.
Suecia aprobó en 1999 una ley que no penaliza la venta de servicios sexuales, pero sí pagar por ellos. El delincuente es quien contrata a la prostituta, no ella. Incluye multas y hasta penas de prisión para reincidentes. Los legisladores belgas consideraron que la base del sistema no es la oferta de prostitución, sino la demanda de los clientes y que debían acabar con esa demanda. Países como Noruega o Irlanda han copiado con variantes la ley sueca en los últimos años.
Los datos suecos dicen que en los dos años posteriores a la entrada en vigor de la ley la prostitución se redujo un 50%, aunque después se estabilizó. También que la trata de mujeres con destino a la prostitución se redujo más de un 50% y que los traficantes de personas ya no tienen Suecia entre sus destinos porque consideran que es un mercado muy pequeño para la prostitución ilegal debido a ese sistema de multas.
La ley, además, creó un sistema de ayudas para sacar a las mujeres de la prostitución, darles protección si era necesario en viviendas sociales y toda una serie de servicios para que puedan ganarse la vida de otra forma.
