El anuncio del portavoz presidencial, Manuel Adorni, de este martes, acerca de la decisión del Gobierno de impulsar una reforma del régimen migratorio, que comprenderá el arancelamiento de la educación superior y la atención sanitaria, entre otros aspectos, ya recibió un rápido rechazo desde la Provincia de Buenos Aires. En la tarde del martes, apenas horas después del anuncio de la Casa Rosada, el ministro de Salud bonaerense aseguró que el gobierno bonaerense no adherirá a la propuesta y señaló: «Sólo buscan provocar, generar odio y resentimiento».
Nicolás Kreplak, que conduce la cartera de Salud de la Provincia, salió al cruce del Ejecutivo en su cuenta oficial de X. Sostuvo en un posteo: «Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema».
«Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada. No cuentan con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio. La salud de la gente es un tema serio», remató el funcionario del gobierno de Axel Kicillof.
El vocero presidencial había declarado, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada horas antes que «los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes en materia de salud van a determinar las condiciones de acceso al sistema de salud, incluyendo la posibilidad de cobrar el servicio a los extranjeros que no residan en el país».
«Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos», aseguró Adorni. Y luego arengó: «Se terminan los tours sanitarios».
Las “medidas” que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento.
Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la… https://t.co/6x9uPLrrWC
— Nicolás Kreplak (@nkreplak) December 3, 2024
Kreplak, a su vez, ya se había pronunciado a este respecto hace meses. También en su cuenta de X, a finales de julio: «Las ideas vinculadas al cobro de prestaciones con la excusa de achicar el gasto público son en realidad un fuerte debate sobre la concepción sobre el derecho a la salud y el rol del Estado». Adjunta a ese posteo, una diapositiva confeccionada por una consultora afirmaba que sólo el 0,81% de los atendidos en centros de salud públicos de la Provincia en 2023 se trató de extranjeros.
Y continuó: «La atención de personas no residentes tiene un impacto mínimo en el sistema de salud: en la Provincia, sólo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros», afirmaba sobre el mismo intervalo de tiempo mencionado antes.
La reforma migratoria impulsada por el Gobierno
No obstante, la reforma que anunció Manuel Adorni este martes excede a la cuestión sanitaria, si bien es ésta una de las cuestiones principales.
«El Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. El objetivo de la medida es avanzar hacia un país ordenado, que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos», dijo el portavoz en la introducción, antes de empezar a enumerar las medidas. En su exposición no especificó cuáles se serán los instrumentos (decretos, leyes, resoluciones) que se usará para concretar este plan.
«Vamos a impulsar que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Como ejemplo, hoy uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero», señaló.
En la reforma inmigratoria que se anunció se van a incorporar más delitos para impedir el ingreso a la Argentina o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país. «Si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia, cometiendo el delito, o se lo detiene atentando contra el sistema democrático, por ejemplo atacando los instituciones, será expulsado y se le prohibirá reingresar al país», detalló.
Agregó que tampoco podrán ingresar quienes presenten documentación apócrifa o cuando «se sospeche» que el motivo de su ingreso es distinto al que declaró al hacer el trámite migratorio. El proyecto prevé penas de prisión para los que violen la prohibición de reingresar al país.
“La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, aseveró.
Al ser consultado sobre los motivos que impulsan estas medidas, Adorni respondió que el objetivo es que «el residente argentino esté por encima de los no residentes».
