Si había alguna duda, la amenaza narco que se conoció este domingo a través de un video terminó de convencer al Gobierno que decidió incluir la «ley antimafias» dentro del listado de temas que el Congreso podrá debatir en las sesiones extraordinarias que el presidente Javier Milei habilitará hasta el 31 de diciembre.
Así lo indicaron a Clarín fuentes inobjetables de la Casa Rosada, que recordaron la resistencia que la iniciativa tuvo por parte del kirchnerismo cuando fue debatido -y aprobado- en la Cámara de Diputados y que durante el último mes no tuvo avances en el Senado.
Este punto no es menor, teniendo en cuenta las versiones sobre un pacto entre el Gobierno y los K para congelar la «Ley de Ficha Limpia», que en caso de aprobarse le impediría a Cristina Kirchner ser candidata el año próximo. La discusión sobre este punto llega oportunamente para marcar las diferencias entre ambas fuerzas políticas.
La amenaza narco se dio en un momento en el que la Casa Rosada pulía el listado de temas que incluiría en las sesiones extraordinarias. La semana pasada, mientras el foco estaba puesto en el Presupuesto 2025, desde el entorno de Milei ya dejaban saber su interés por tratar los proyectos vinculados a la Seguridad, como las leyes de Reincidencia y Reiterancia, el concurso de delitos y unificación de condenas; y el Juicio en Ausencia del imputado.
Este lunes, luego de que un grupo de narco terroristas amenazara con “dejar muertos por toda la capital”, en Balcarce 50 daban por hecho la inclusión del un paquete contra el delito. Según indicaron desde Presidencia, la convocatoria se realizaría el próximo miércoles.
También contemplaría el proyecto de derogación de las PASO y de financiamiento partidario y la reforma de la ley de partidos políticos, y los pliegos de los jueces de la Corte Suprema.
Desde que fue anunciada en marzo por el Presidente y presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el kirchnerismo rechazó la iniciativa “antimafia” y bloqueó su tratamiento cuando llegó al Senado, a pesar del reclamo de funcionarios del gobierno de Santa Fe, a cargo del radical Maximiliano Pullaro, un opositor a Milei.
El proyecto, que se propone abordar de manera integral el crimen organizado con cambios en los códigos Penal y Procesal Penal, establece que aquel que «tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita», por su mera pertenencia a una organización delictiva, será reprimido «con reclusión o prisión de 8 a 20 años».
El texto aprobado en Diputados introduce la figura de la asociación ilícita con carácter especial, lo que habilita a que quienes integren estos grupos delictivos puedan recibir la pena máxima del delito más grave que cualquier otro miembro de la organización haya cometido, con independencia de su rol en ese hecho.
Además, la iniciativa permite que «aun sin condena», y a pedido de la autoridad judicial, se pueda «decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades ilícitas».
En paralelo, el Gobierno apura cambios en el decreto reglamentario 727/2006 de la Ley de Defensa Nacional para permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Gendarmería en la frontera ante amenazas narcoterroristas.
Desde que asumió Milei, el ministro Luis Petri (Defensa) viene trabajando en la letra chica del texto junto a Bullrich para evitar cuestionamientos jurídicos. Tras largos meses de debate, el decreto será evaluado por el jefe de Estado para su publicación.
