No habría que exigirle a la Justicia lo que no es. Su ritmo suele vibrar en un compás con el freno de mano puesto. En el escándalo de las fotomultas de la corrupción, el caso que involucra a Jorge D’Onofrio, el ministro de Transporte del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, se empiezan a ver algunos resultados de la investigación que al parecer podrían ser tan contundentes para que cambie la carátula de la causa de lavado de dinero a asociación ilícita.
En la Fiscalía Federal hay quienes creen que el esquema organizado para eliminar o bajar el monto de las multas a cambio del pago de un retorno sería algo orquestado por un grupo de personas, que involucrarían a políticos del más alto nivel de la Provincia de Buenos Aires, jueces de Falta, gestores y lavadores de dinero.
El sistema de corrupción tendría cuatro patas. La más importante sería la del paraguas político que -para los investigadores- es el ministro de Transporte, Jorge «el gordo» D´Onofrio.
Luego están los jueces de Falta, nombrados o sostenidos por el propio ministro, que presuntamente trabajarían codo a codo con un grupo de abogados gestores con acceso al sistema para identificar a los infractores y ofrecerles bajarles el precio de las multas. Finalmente estarían los que gastan el dinero recaudado, intentando de alguna manera lavar la plata de la corrupción.
Ya hubo un allanamiento en el Ministerio de D´Onofrio y se tomaron testimoniales a abogados que trabajan con gestores y varios ciudadanos que contrataron ese servicio de presunto «borrado» de infracciones.
También aportaron datos «sensibles» varios empleados del propio Ministerio y hasta habría declaraciones de arrepentidos que participaron o colaboraron de alguna u otra manera en la escandalosa maniobra.
Además de D’Onofrio, en la causa están imputados una colaboradora íntima, Claudia Pombo, que es concejal de Pilar; el jefe de la Verificación Técnica Vehicular, Facundo Asencio, y varios jueces de Falta bonaerense como Mario Quattrocchi, a cargo del juzgado de La Plata y que también subroga el de San Isidro.
En la Justicia explican que todavía no hubo indagatorias ya que se está avanzando en la producción de diferentes pruebas como un informe del registro mercantil de España y cuentas bancarias del exterior.
Los investigadores tendrían casi confirmado que buena parte del «botín» que se habría recaudado gracias a este esquema se intentó blanquear comprando inmuebles en la Costa del Sol española, sobre todo en Málaga. Es decir, los sospechados de ser testaferros. Allí estaría el papel de Claudia Pombo. Se sospecha que habría comprado un bar y un complejo hotelero.
Otro de los apuntados es Pablo Sanguinetti, subsecretario del Ministerio de Transporte, y Tomás Uturriague, director de Sistemas de la misma cartera. Para los investigadores es el que tendría la conexión directa con los jueces de Falta, que son seis en toda la provincia. Cinco de ellos, con Quattrocchi a la cabeza, estarían involucrados en el supuesto esquema de corrupción, según los investigadores que trabajan en el caso.
Los otros magistrados administrativos (aunque tienen el nombre de jueces en realidad no lo son) son Marcelo Peralta, de Mar del Plata, Azul y Dolores; Alicia Parente de Junín con asiento en Chivilcoy; Gonzalo Hernán Vazquez Pol de Lomas de Zamora; y Miriam Viviana Roldán de Merlo.
En el gobierno de Axel Kicillof admiten que no saben muy bien qué hacer con D´Onofrio. «Tiene picadísimo el boleto pero no se lo van a entregar el periodismo», le dice a Clarín alto funcionario de la administración bonaerense.
Cerca del gobernador siempre recuerdan que el cuestionado ministro llegó de la mano de Sergio Massa. En su momento, cuando se empezaron a trascender detalles del escándalo que involucra a D´Onofrio, el líder del Frente Renovador aseguró que avisó que no tenía nada que ver ni con él ni con su espacio político.
«Kicillof le respetará el lugar a Massa, que tiene que decidir a quién poner en reemplazo de D’Onofrio, que está claro que se quedó sin respaldo político. Lo que pasa es lo que pasa siempre, nadie se va de su cargo con una causa abierta en la Justicia, sin poder arreglarla», indicó otro dirigente que supo compartir una banca en el Senado Provincial con el polémico ministro de Transporte.