La decisión del gobierno de Javier Milei de quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner tras la ratificación de una condena por corrupción en segunda instancia -como también la pensión que recibía por el mandato de Néstor Kirchner- no deja de generar nuevos capítulos.
Ahora, la expresidenta fue nuevamente denunciada, esta vez por defraudación contra la administración pública, por el suplemento adicional de 6 millones de pesos mensuales que Kirchner cobraba por haber radicado su domicilio en Río Gallegos. La presentación judicial de este lunes la hizo la Fundación Apolo que, en conjunto con la legisladora porteña Graciela Ocaña, fueron quienes pusieron en foco los beneficios jubilatorios de la actual presidenta del Partido Justicialista.
En la denuncia, presentada en nombre de la ONG por el también legislador porteño Yamil Santoro y los abogados José Magioncalda e Ignacio Falcón, se fundamenta que los beneficios previsionales que la exmandataria habría percibido fueron de manera indebida al declarar su domicilio en la capital de Santa Cruz, pese a residir habitualmente en el barrio de Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires.
Y en ese sentido, los denunciantes piden “las medidas necesarias para restituir a las arcas públicas el producido de las conductas delictivas” y también investigar a los funcionarios de ANSeS que le otorgaron ese suplemento de «zona austral» a Kirchner, un dato revelado por el actual director del organismo, Mariano de los Heros, recién luego de que el Gobierno decidiera cortar el pago de las jubilaciones de privilegio por la condena en la causa Vialidad, que la expresidenta cuestiona en Tribunales.
Cristina Kirchner cobraba dos pensiones honoríficas, otorgadas por ser expresidenta y viuda de un expresidente, y que le correspondían de acuerdo a lo estipulado por la Ley 24.018, sancionada durante la primera presidencia de Carlos Menem.
De acuerdo a esa legislación, los ex presidentes y ex vicepresidentes de la Nación reciben una asignación de carácter contributivo que se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo.
El Gobierno consideró que, tras la confirmación de la condena a la expresidenta por parte de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, esos requisitos no se cumplían, y decidió quitarle ambos beneficios.
La expresidenta ya inició la ofensiva para recuperar las dos pensiones, a través de un recurso administrativo presentado la semana pasada por su abogado, Facundo Fernández Pastor.
Allí, el letrado argumenta que la quita de los beneficios «viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
En su reclamo, el abogado solicitó la revocación de la resolución de la ANSeS y la restitución de los haberes correspondientes a las asignaciones mensuales vitalicias retenidas, junto con los intereses acumulados.
