Las partes llegaron a un acuerdo en la audiencia celebrada este 21 de noviembre. Fuentes judiciales le confirmaron a este diario que el juez de garantías Alberto Caballero le ordenó a Laura Noemí Figueroa pagar cerca de 170 mil pesos a cada uno de los damnificados como reparación integral del daño que perpetró. El monto total se basó en la cifra denunciada por los victimarios más intereses.
La abogada defensora Gema Orellano y el fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Eduardo Gallastegui.
La UFI Delitos Informáticos y Estafas, bajo la investigación del fiscal Eduardo Gallastegui, deberá corroborar que Figueroa -quien fue representada legalmente por la abogada Gema Orellano- pague el dinero a los obreros desempleados. En caso de confirmarse el pago, la causa quedará cerrada.
El caso
El hecho se conoció en abril pasado. Figueroa es del barrio Felipe Cobas de Caucetey nadie sabe en qué momento se le ocurrió pergeñar esas presuntas maniobras delictivas. Sus denunciantes afirmaron que a ellos les llegó el comentario sobre una doctora que trabajaba con las compañías mineras y que podía conseguir puestos laborales dentro de esas firmas. La única condición era que exigía el pago de una suma de dinero por sus gestiones.
Así fue que tres hombres, cada uno por su lado, se contactaron vía celular con la supuesta médica y ésta los citó en algún café de Capital para explicarle cómo podía “ayudarlos”, según las versiones.
Hubo tres denuncias en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, pero se sospechó que existieran más damnificados.
En esos encuentros les expresó que ella mantenía estrechos vínculos con las áreas de Recursos Humanos de tres importantes compañías mineras y que conocía a los gerentes, de modo que les aseguraba que podía hacer que los incorporaran a algunas de esas empresas.
El juez de garantías Alberto Caballero.
Jugaba con la necesidad de esas personas desocupadas, pero además los tentaba con la posibilidad encontrar un trabajo bien rentado. Pero claro, por su mediación, había un precio. A cada uno les pidió 100 mil pesos y que se hicieran una serie de estudios médicos para presentarlos, de acuerdo a fuentes del caso.
El problema fue que esos obreros desocupados pagaron y obtuvieron los certificados médicos, pero la “médica” no cumplió sus promesas, explicaron. Es más, la mujer desapareció y con ella también la esperanza de encontrar un trabajo.
Las presuntas maniobras fraudulentas ocurrieron entre enero y febrero pasado. En marzo la UFI Delitos Informáticos y Estafas recibió tres denuncias y a partir de ese momento el fiscal Gallastegui y personal policial empezaron a averiguar quién era la “médica”. Después determinaron que se trataba de esta caucetera de apellido Figueroa, que no era ninguna profesional de la salud y tampoco tenía relación con las compañías mineras.
El fiscal pidió su detención, pero el juez de garantías Juan Gabriel Meglioli denegó la medida coercitiva. Igualmente, el 27 de marzo último allanaron la casa de Figueroa en Caucete y secuestraron su celular y otros elementos vinculados a la causa, revelaron fuentes del caso.
