La motosierra pasó por Chubut. Según anunció este martes el gobernador, Ignacio Torres, se eliminarán 168 cargos políticos considerados “ineficientes”, y darán de baja los contratos de 250 “ñoquis” que cobraban su salario, pero no concurrían a trabajar porque viven fuera de la provincia.
La medida fue adoptada en el marco de un Plan Integral de Reordenamiento del Estado y luego de un Censo de Empleados Públicos chubutenses.
Según se informó oficialmente, en el primer caso se trata de 168 cargos políticos y jerárquicos en estructuras de Gobierno, compuestos por 40 direcciones, 21 direcciones generales, 7 subgerencias, 37 jefaturas de departamento, 20 asesores de gabinete, 21 jefaturas de división y 8 subsecretarías, entre otros.
En cuanto a la situación restante, Torres informó que son “250 agentes que están fuera de la provincia y cobrando de la provincia”. “Son casos de ‘tengo mi hijo estudiando afuera, por qué no lo metés en Educación y después le hacemos una adscripción para que tenga unos pesitos’”, ejemplificó el mandatario chubutense.
Y añadió: “Eso está mal ahora, está mal hace diez años, hace 20 y va a seguir estando mal. Cada uno de estos casos, se va a eliminar sin importar apellidos, afiliaciones políticas, cuándo entró. No va a haber ningún tipo de excepción. Estoy hablando de mucho dinero”.
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Motosierra en Chubut: eliminan 168 cargos políticos y anulan 250 contratos de empleados que no viven en la provincia
En redes, Torres explicó que “si el Estado no toma la decisión de ponerle un punto final de estas estafas a los contribuyentes, va a seguir todo igual”.
“No es una decisión menor: este censo, que se hizo por primera vez en la provincia, nos da las herramientas para hacer un Estado más eficiente», comentó en la red social X.
Tomando como parámetro ese estudio, el Gobierno de Chubut resolvió cesantear al 0,3% de los 46.000 empleados públicos de la provincia “por no ir a trabajar”, sancionar administrativamente al 13% “por no realizar el censo”, y la suspensión salarial del 1,3% “por encontrarse en situaciones laborales irregulares”.
En paralelo, también se oficializó la implementación de la Ley 3×1 para ingresos al Estado provincial. De acuerdo con esa norma, hasta fines de 2027, para que haya un ingreso a la administración pública, deberán darse tres bajas, retiros o jubilaciones en puestos similares. Además, será obligatorio concursar el cargo.
Por último, se comunicó que se llevará a cabo una revisión de personal de acuerdo a la edad y los aportes, para luego iniciar los trámites jubilatorios. La razón es que hay alrededor de 6.500 empleados públicos están próximos a jubilarse.
