El artículo 10 de la ley sobre jubilaciones que el Congreso aprobó meses atrás, y que fue vetada por el presidente Javier Milei, instruía a la Anses a cancelar en seis meses “la totalidad de las deudas que mantiene con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado nacional”.
Más allá de que la norma no preveía cómo financiar ni esa ni ninguna de las demás obligaciones que le imponía al Estado nacional, desde el Gobierno afirman que ese punto era de cumplimiento imposible, pero por otra razón: las provincias que tienen cajas jubilatorias propias reclaman con sus propios números sobre la mesa, pero no hay ningún acuerdo definitivo (no solo ahora, sino en los últimos años) sobre cuál es la deuda en cada caso. Ni siquiera, sobre si en todos los casos realmente hay una deuda.
¿Qué son las “cajas no transferidas”, protagonistas de un costado conflictivo en la relación entre Nación y provincias? Se trata de los sistemas de jubilación para los empleados públicos de 13 jurisdicciones, que tres décadas atrás optaron por no transferirlos a la administración central. Fue en el contexto de una reforma amplia del régimen previsional más abarcador del país, que el gobierno nacional de entonces, presidido por Carlos Menem, promovía esos traspasos.
Las provincias que mantuvieron sus regímenes son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego. Las restantes pasaron sus cajas al régimen general que gestiona la Anses.
Los conflictos sobre el tema no son una cuestión novedosa. Pero algo que sí se da en 2024 y no en los años previos es que, si se miran las transferencias a cada jurisdicción por este concepto, el número es en todos los casos el mismo: cero pesos.
“En 2024 no se giró nada, ningún anticipo, porque entendemos que, al no haber ninguna cifra de déficit determinada [acordada] con las provincias, no se puede seguir [enviando fondos] sobe la base de simulaciones y convenios que son provisorios”, dijo a LA NACION el director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros.
Las “simulaciones” son ejercicios que se hacen para llegar al importe del desequilibrio de las cajas provinciales que, de acuerdo con las pautas que marca el decreto 730, la Nación debería cubrir.
El criterio es simple, aunque las evaluaciones sobre su cumplimiento, evidentemente no tanto. Según ese decreto, que data de la presidencia de Mauricio Macri, desde el ejercicio 2017 el déficit a cubrir es el que resultaría si el sistema provincial en cuestión hubiera sido transferido a la Nación. La regla es, entonces, que la Nación se hace cargo del desequilibrio que tendría cada caja si sus aportantes se jubilaran en las mismas condiciones que los del sistema nacional, y si el financiamiento fuera con el mismo esquema de aportes y contribuciones que rige también para el régimen general.
Con el cumplimiento de esa pauta se evita, por ejemplo, que quienes deben esperar a los 60 o 65 años para jubilarse, según se sea mujer o varón (tal es el requisito en el régimen general de la Anses) subsidien a personas que, por estar en otro sistema y quizá habiendo hecho tareas similares durante la vida laboral, cobran jubilación desde edades más tempranas o de montos más elevados.
El mecanismo prevé que las provincias envían sus cálculos a la Anses y el organismo debe realizar auditorías para poder dar su acuerdo, o no, a las cifras descriptas en esos informes. “En siete años no se arribó a un solo convenio definitivo sobre el déficit; en los seis años anteriores al actual solo se hicieron seis auditorías y en los últimos ocho meses ya se hicieron seis”, afirma De los Heros.
En marzo último el Gobierno emitió el decreto 280. Esa medida prorrogó la vigencia del presupuesto 2023 para este año, pero uno de sus artículos establece que quedan exceptuados de esa prórroga los artículos de la ley de gastos del año pasado referidos al envío de fondos a las provincias para sus cajas previsionales. Allí se disponía, concretamente, la transferencia de anticipos, “a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente”, actualizados según el índice de movilidad jubilatoria del sistema jubilatorio nacional. Esos anticipos (siempre sin que existieran acuerdos definitivos sobre las cifras a cubrir) se enviaron en 2023 y en períodos anteriores. Nos los hubo, en cambio, durante este año.
Varias provincias recurrieron a la Corte Suprema de Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad de ese decreto. Según la Anses, esa medida no fue de todas formas la razón por la que este año y ya desde enero, no se giró dinero (el motivo, insisten, es la falta de acuerdos sobre los números). Las jurisdicciones demandantes sumaron a sus reclamos, en algunos casos, que se cuestione el decreto 280 en el punto referido a las transferencias a las cajas.
En el tribunal supremo, según puede verse en la página del Poder Judicial de la Nación, hay demandas por montos de varias decenas de millones de pesos hechas por Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Santa fe. En el caso de Córdoba y de Santa Fe las cifras superan los $700.000 millones, por reajustes a los montos de los anticipos, de varios años hacia atrás.
“La estimación hecha por la caja provincial a diciembre de 2023 es de una deuda de $722.738 millones”, acumulada desde2020 por las diferencias entre lo que se transfirió y los montos de desequilibrio a financiar que la jurisdicción dice tener, actualizados por movilidad, según apuntó en diálogo con LA NACION Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de Santa Fe, la provincia que este año hizo una reforma muy amplia de de su sistema jubilatorio, que implica –por ejemplo- tasas de aportes incrementales según el nivel de remuneración.
Sin los cambios, se estimaba que este año la caja tendría un déficit de $430.000 millones, pero se considera que con el nuevo esquema –que rige desde septiembre- habrá algún alivio de esa cifra. “Se va a reducir el déficit, pero no se va a eliminar”, afirmó Boasso.
Con vistas a 2025, el Gobierno incluyó en el proyecto de ley de presupuesto la previsión de un crédito para las transferencias a todas las provincias con cajas no transferidas de $254.421 millones, un número exiguo frente a los reclamos de los gobernadores. Se proyecta restituir un régimen de anticipos, pero al que solo podrían acceder las provincias con un déficit reconocido de manera provisoria o definitiva, que surja de un acuerdo correspondiente a 2021 o año posterior, un requisito que por ahora no se estaría dando.
“Estamos trabajando a tambor batiente con las auditorías para llegar a acuerdos definitivos y, así, determinar los déficit de 2017 y 2018, que serán la base para períodos posteriores”, señala De los Heros. Una de las cuestiones en discusión en algunos casos es la alícuota de contribuciones patronales que deben considerarse en las simulaciones para definir cuál sería en cada caso el desequilibrio, en el supuesto de que las jubilaciones provinciales se dieran en iguales condiciones que las nacionales.
El director de la Anses plantea situaciones que van más allá de la definición de un número. “En simulaciones hechas en el caso de Misiones, se determinó que la información no era consistente y que la caja era superavitaria y, así, es Misiones la que le debe a la Nación”, describió.
Con esa provincia, claro, al igual que con las demás, no hubo un acuerdo.
