El cambio de nomenclatura de la AFIP, reconvertida desde el mes pasado en ARCA, no modificó el comportamiento del organismo de no reclamarle de manera contundente una millonaria deuda tributaria a Tabacalera Sarandí, y a Cristobal López. La primera es una de las principales jugadoras del mercado de cigarrillos, de vertiginoso ascenso en la última década, al punto que pasó de controlar cerca del 5% de las ventas a casi el 40% en la actualidad.
Se trata de la compañía que preside Pablo Marcelo Otero, el denominado Señor del Tabaco, que incluso con un fallo adverso en la Corte Suprema de Justicia sigue sin pagarla y, a la vez, subdeclara los precios de comercialización de sus productos, lo que genera un perjuicio para las arcas estatales estimado por fuentes del sector en US$ 450 millones anuales. Si bien hubo reclamos del ente tributario en estos años, o se trabaron en la Justicia o no tuvieron la firmeza suficiente.
Esa situación se produce en simultáneo a la decisión del nuevo ARCA de salir a intimar desde principios de noviembre a kiosqueros a que no cobren tarifas a los consumidores que superen los precios establecidos por la ley. «Nos comunicamos para recordarte que, atento a la actividad declarada, en caso de comercializar cigarrillos no podrás incrementar el precio fijado e informado por la empresa manufacturera», sostiene un extracto del comunicado que enviaron desde el ente a los kioscos en los últimos días.
Además, en el mismo documento se agrega que «deberás exhibir en un lugar visible las listas de precios vigentes» y se advierte que por «incumplimiento a la mencionada norma será pasible de las sanciones previstas en la Ley de Procedimiento Tributario, incluyendo la sanción de clausura en los términos del artículo 40 del referido texto legal». De allí que parece cuanto menos contradictorio que ARCA intime a los comerciantes pero no avance en el cobro del impuesto correspondiente a Sarandí. En ARCA, consultados por Clarín, definieron el comunicado como de rutina y dijeron que se aplica también en otras industrias, y lo separaron en relación a la situación de Sarandí.
A partir de la notificación, hubo quejas ante la directora ejecutiva del ARCA Florencia Misrahi, formuladas desde diferentes asociaciones de kiosqueros que se sienten afectados por la medida. Una de ellas la presentó el presidente de la UKRA (Unión de Kiosqueros), Norberto Tomasino, que solicita una entrevista personal con Misrahi como representante de una entidad que nuclea 100.000 puntos de venta en todo el país y describe la delicada situación económica de los comerciantes en relación a un producto que deja un margen de rentabilidad de apenas el 2%. En 2024, se estima que cerraron 10.000 kioscos en todo el país.
El problema que no fue resuelto y un funcionario cercano a Otero y los Kirchner
Tras varios cambios en relación al proyecto original respecto a la legislación del mercado tabacalero, la Ley Bases sancionada en julio pasado derogó el impuesto mínimo, que tabacaleras como Sarandí y otras de menor peso venían evadiendo desde hace años. En paralelo, para compensar esa pérdida, se decidió subir la alícuota de impuestos internos de 70% a 73% para todos las empresas del sector, que tiene a Philip Morris International, a través de su subsidiaria Massalin Particulares, como la de mayor representatividad.
Sin embargo, la Ley Bases no solucionó el principal problema que afecta al sector hace años: la subdeclaración de precios entre lo que figura en los listados de la exAFIP, y lo que efectivamente se paga en los kioscos. Por ejemplo, en el caso de las marcas que comercializa Sarandí, sumado el margen que hace el kiosquero del producto, mientras el precio de venta oficial figura a $ 800, el de venta al público ronda los $ 1.600 por atado, es decir, el doble. Esa diferencia representa una pérdida de recaudación para el Estado de US$ 450 millones anuales.
Sarandí tiene una larga disputa en la Justicia con el Estado a partir del no pago del impuesto interno mínimo durante años. Tras múltiples idas y vueltas y resoluciones en distintas dependencias judiciales, la Corte Suprema determinó con un fallo de fondo el 6 de junio pasado que la entonces AFIP estaba habilitada para exigir el pago del impuesto interno mínimo.
Aunque quedó abierta otra discusión, que es la que motiva que el principal argumento de la empresa para no abonar el arancel: si fue constitucional o inconstitucional ese impuesto mínimo fijado durante los ocho años que Sarandí lo evadió. El cálculo que hizo la consultora Abeceb dice que a partir de esa presunta evasión impositiva la pérdida de recaudación acumulada fue de US$ 5.823 millones entre 2018 y 2023.
Además, según Abeceb, esa distorsión impositiva encabezada por Tabacalera Sarandí provocó que en esos años el consumo de cigarrillos tuviera un aumento interanual del 1,2% en la Argentina, mientras que el promedio mundial bajó un 2% el consumo de cigarrillos cada año.
En todos estos años, durante los gobiernos de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei, pese a tibios intentos en el camino, AFIP no pudo, o no quiso, cobrarle esa histórica deuda a Sarandí. El mes pasado, el Ejecutivo puso en la DGI a Andrés Vázquez, un agente de inteligencia que en el kirchnerismo fue hombre de la SIDE en el organismo, reportando a Francisco Larcher y Jaime Stiuso, y que en 2009 comandó el allanamiento al Grupo Clarín ordenado por Ricardo Echegaray. Vázquez es contador y dirigió la estratégica Regional Sur Metropolitana, desde la que según pudo consignar este diario, protegió especialmente a Pablo Marcelo Otero, el Señor del Tabaco.