Aunque después del último fallo de la Justicia en la pelea entre el Gobierno y las organizaciones sociales por los envíos de alimentos a comedores, en el ministerio de Capital Humano se sentían ganadores, la Cartera de Sandra Pettovello ordenó apelar la sentencia.
Tal como informó Clarín el último viernes, el juez Walter Lara Correa, a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal 7 firmó una sentencia firme por un amparo colectivo por discriminación a comedores y movimientos sociales que había sido presentado por el CELS y por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Ambas organizaciones consideraban que el Gobierno no cumplía con su obligación de otorgar alimentos a comedores que cumplen con los requisitos de la política alimentaria vigente, una pelea legal que se inició en febrero.
Según la interpretación del Gobierno, el juez reconoció la potestad del ministerio para fijar las políticas sociales que crea más efectivas y convenientes. Argumentan que en ninguna de las 127 páginas del fallo se ordena la distribución de alimentos. «Consideramos que (Juan) Grabois perdió«, razonaban cerca de Pettovello.
El líder del Frente Patria Grande y ex precandidato presidencial de UxP es el abogado de la UTEP. Ahora, junto al CELS asistirán -como adelantó este diario- a una audiencia con el Estado nacional el próximo jueves en Washington convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reclamarán por la política alimentaria, pero también por el estado de las causas judiciales, el fin del Potenciar Trabajo, el Monotributo Social y la paralización de obras de Integración Socio Urbana en villas y asentamientos.
«Hoy estamos sufriendo un retroceso en todos esos derechos, lo que representa una violación a nuestras leyes y normativas pero fundamentalmente la vulneración de los derechos humanos de los más humildes», señaló el secretario general de la UTEP Alejandro Gramajo.
Grabois festejó el martes por la noche en X la apelación de Capital Humano como el reconocimiento intrínseco de la derrota oficial. «Si ganaste hambreadora Pettovello, ¿por qué apelas la sentencia? Podrías tener la mínima coherencia de terminar con el despilfarro en mentiras, sanguchitos y abogados, cumplir la ley y entregar los alimentos?», cuestionó el dirigente social.
En Capital Humano informaron que, según su interpretación, el reclamo legal es por la obligación de informar a la Justicia su plan alimentario mensualmente. «El servicio jurídico permanente presentó formal apelación del fallo del Dr Lara Correa en lo concerniente a la obligación del Ministerio de acompañar informes mensuales sin determinación de límite temporal ni la finalidad de los mismos», expresaron.
Además, cuestionaron al juez porque reconoció la potestad del Gobierno para fijar las políticas alimentarias, pero al mismo tiempo los obliga a cumplir con los planes de política alimentaria vigente que incluían -hasta ahora- la entrega de alimentos a comedores. «Toda vez que el Estado Nacional, por un lado, y siempre según la sentencia recurrida, puede decidir modificaciones y tomar decisiones en materia de política alimentaria, pero al mismo tiempo debe -para considerar cumplida la sentencia- mantener los programas alimentarios expuestos en autos», razonan en la apelación.
En la Cartera de Pettovello también observaron que hubiera correspondido el rechazo de la acción colectiva y la imposición de las costas a los denunciantes, que Lara Correa ordenó que pagara el Estado.
«Establecer de manera anticipada la obligación de presentación de informes mensuales presupone un incumplimiento de esta parte que no se sustenta en ninguno de los actos procesales», se lee en la apelación de Capital Humano.
El escrito de 16 páginas presentado en la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo lleva la firma de Alejandro Migdalek, flamante director de asuntos contenciosos del ministerio, un área que dependía de Ariel Romano, el número 2 de la despedida subsecretaria de Legales Leila Gianni. «Es chistoso que la adalid de la transparencia y destructora de curros, pusiera al mismo apoderado y abogado que puso Julio De Vido«, señaló Grabois.
En efecto, el letrado en cuestión se desempeñó como representante legal del ex ministerio de Planificación Federal en los tiempos en los que el ex todopoderoso funcionario mandaba. Sin embargo, tenía un cargo menor.
En el Gobierno habían celebrado que Lara Correa reconociera en su fallo de 127 páginas la potestad del Gobierno para fijar las políticas sociales que crea más efectivas y convenientes e irregularidades en el Registro Nacional de Comedores (Renacom).
Del otro lado, las organizaciones habían celebrado que el magistrado reconociera que a algunas de las cooperativas que el Gobierno no había asistido por incumplimientos que no se verificaron.
El sorteo cayó en la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Es la última parada antes de la Corte Suprema -cuya composición y vacantes está en el centro de las preocupaciones del Gobierno- porque almacena demandas de una veintena de provincias contra la administración de Milei.
