Una auditoría en el Ministerio de Defensa reveló irregularidades en la contratación de vuelos sanitarios para el traslado de pacientes del IOSFA, la obra social de los militares que en los últimos meses quedó envuelta en varias polémicas, por la sospecha de un supuesto direccionamiento a dos empresas proveedoras del servicio -una incluso se creó en paralelo al alta de dichas adjudicaciones-, que terminaron facturando casi $ 600 millones.
Las investigaciones internas comenzaron luego que un antiguo proveedor del servicio de traslados para urgencias y emergencias de los afiliados de la cuarta obra social del país se quejó por no haber sido tenido en cuenta para la prestación de los servicios.
El relevamiento dio inició, así, al sumario 227 del IOSFA, que terminó dirimiendo las responsabilidades en personal civil y militar de gerencias, como auditoría médica, pero también de algunas subgerencias.
Los abogados de la entidad presentaron la denuncia a comienzos de agosto en el juzgado federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, y los involucrados están siendo investigados por integrar una supuesta asociación ilícita pero también por los delitos de incumplimiento de los deberes, estafas y administración fraudulenta.
Es que las sospechas de los técnicos de Auditoría Interna comenzaron a acrecentarse cuando se constató que los servicios se contrataban en forma directa e involucraban a localidades con pocos afiliados que, además, contaban con centros de asistencia compleja.
Pagos por servicios que no se prestaron
Según la denuncia, a la que tuvo acceso este diario, las supuestas maniobras comenzaron «a fines de 2020 cuando los servicios se empezaron a contratar mediante una empresa intermediaria que factura por cuenta y orden de la prestataria (Sijet Aviation SRL con fecha de inicio de actividades del 1/10/2020) y Flygin América, discontinuando el servicio de esta última en razón de haber dejado de operar (la última facturación corresponde al día 18/11/2022″.
Más allá de estas aseveraciones, el relevamiento comprobó que se pagaron boletas aún cuando el servicio fue cancelado, y también se detectó que «un vuelo sanitario en el que sólo viajaron un médico y un enfermero» y de aeronaves que no estaban habilitadas por la ANAC.
En el que caso de la primera firma, los auditores constataron que «inició sus actividades al mismo tiempo que el IOSFA comenzó a contratarlo, evidenciando que su creación fue con el objetivo de prestar servicios a dicha institución» al tiempo que revelan que «de 136 facturas emitidas» por la firma, «130 corresponden al IOSFA por un total de $544.608.958». Detectaron, asimismo, una modalidad similar en Flygin América, ya que «entre septiembre de 2019 y noviembre de 2022 (fecha del último servicio) emitió 42 facturas correspondiendo al IOSFA 38 por un importe de $37.632.500».
En la presentación judicial, asimismo, se incluyó la contratación de servicios de ambulancias de «traslado a través de una única empresa, en forma directa, sin convenio o contrato vinculante. Entre los años 2021 y 2022 el servicio fue brindado por la firma Cobas Norberto- Cobas Jorge-Colunga Isabel-Diciocco Adriana Sociedad de Hecho y desde el 2022 al 2024 por Ambulancias Cobas SRL».
Desde la cartera de Defensa aclararon que desde el 15 de agosto se puso en marcha un nuevo sistema de contrataciones, ampliando la cantidad de oferentes y analizando «al menos tres presupuestos» antes de rubricar la operación y que, con cada traslado, «se genera un expediente electrónico (GDE)» para constatar la trazabilidad del procedimiento.
Hasta el momento con el nuevo sistema se han realizado 8 traslados aéreos. «Se bajaron las tasas de uso y algunos lugares que tenían tasas altas. Pero ya desde que se inició la investigación interna comenzaron a contratarse menos vuelos», concluyó una fuente al tanto de la pesquisa.
