El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en la tensa disputa que mantiene con la AFA, presidida por Claudio «Chiqui» Tapia. El Ministerio de Justicia designó a Marcelo Javier Ruíz como su representante en el Comité que tiene como objetivo diagramar, en un plazo de seis meses, contados desde el 22 de octubre, “un sistema eficiente, suficiente y sostenible” para reemplazar el actual régimen de beneficios fiscales para los clubes del fútbol argentino.
Ruiz desempeñará la función de presidente de ese cuerpo, tal como establecía el Decreto 939/2024 publicado en aquella fecha y como lo ratifica la Resolución 345/2024 de la cartera conducida por Mariano Cúneo Libarona, que se dio a conocer este jueves.
La creación de ese Comité tuvo lugar en el marco de una lucha de poderes que alcanzó su punto más álgido cuando la AFA omitió el fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ) y celebró la Asamblea en la que fue reelegido Claudio Tapia como presidente.
Luego de esto, el oficialismo estableció, el pasado 22 de octubre, que el actual régimen de beneficios fiscales para los clubes del fútbol argentino finalizará dentro de seis meses, al tiempo que creó un Comité para diagramar, dentro de ese plazo, “un sistema eficiente, suficiente y sostenible para su reemplazo”.
El nuevo Comité, presidido por Ruíz, hombre de confianza de Libarona, tiene como objetivo reformar el sistema establecido por el DNU 510/2023, firmado por Alberto Fernández hace un año, que restableció el polémico Decreto 1212 con beneficios fiscales para los clubes del fútbol argentino. Según el Gobierno, ese llevó que, entre los meses de noviembre de 2023 a abril de 2024, haya una pérdida de $7.091.928.560 en el régimen general.
En ese marco, el Gobierno llegó a la conclusión de que “es necesario modificar las condiciones actuales del régimen para evitar que continúe ensanchándose el desfinanciamiento del sistema” y que por eso también es imperioso “fijar un plazo para evaluar y revisar el régimen actual, vencido el cual, finalizará el régimen previsto en el citado Decreto N° 510/23”.
El Poder Ejecutivo dispuso también que las opiniones del Comité «no serán vinculantes». El mismo, según detalló, contará con representantes de la AFA, de los clubes de fútbol afectados, de los Ministerios de Justicia, Desregulación y Economía, de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Turismo, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (pese a que se anunció su disolución y la creación de ARCA), de la Secretaría de Trabajo y de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
