La implementación del denominado «silencio positivo» fue definida desde el Gobierno como «un paso clave hacia la modernización administrativa« y un «hito histórico» que establece que «ante la falta de respuesta del Estado luego del plazo establecido y el cumplimiento de las condiciones exigidas se considerará como una aprobación tácita».
De allí que un comunicado oficial difundido por Presidencia se tituló «El que calla, otorga: el Estado ya no le va a hacer perder el tiempo a los argentinos en 500 trámites». Y se plantea el decreto como una reforma que «busca simplificar la relación entre ciudadanos y el Estado, eliminando trabas burocráticas, agilizando los tiempos de resolución en gestiones regladas y fomentando la inversión, al brindar certidumbre jurídica».
Sobre el tema, desde la Rosada amplían que «la innovadora medida, enmarcada en la Ley Bases, se aplicará a más de 500 trámites administrativos a nivel nacional, abarcando desde la obtención de licencias hasta la inscripción en registros públicos».
Cuándo y dónde se aplica el silencio positivo
De acuerdo al Gobierno, «el silencio positivo se aplicará en autorizaciones regladas, donde los ciudadanos ejercen derechos preexistentes, asegurando así la fluidez de los procesos administrativos y la reducción de la ineficiencia estatal. Sin embargo, esta medida no es aplicable a permisos para actividades restringidas o prohibidas por Ley, como la tenencia de armas o el transporte de materiales peligrosos».
El silencio positivo entró en vigencia a partir del 1° de noviembre para la administración centralizada y del 1° de diciembre para la administración descentralizada. De esta manera, argumentan, «el Gobierno avanza hacia una gestión pública ágil, moderna y al servicio de las necesidades de la ciudadanía, eliminando las barreras administrativas y promoviendo la eficiencia en los procesos»
Viene a modernizar «normas obsoletas»
El texto oficial, de acuerdo a la postura ejecutiva, permite «superar el esquema de Silencio Administrativo Negativo, vigente desde 1972 y legado de normativas anticuadas que, ante la falta de respuesta, obligaban a los ciudadanos a reiniciar sus trámites».
Y se cita que «a partir de ahora, cuando una solicitud de carácter reglado –como una licencia de Marca País o la inscripción en el Registro de Buques– no reciba respuesta en el tiempo establecido, se considerará aprobada«. A la vez, se resalta que «este cambio reduce costos y tiempo para los particulares, incentivando así el desarrollo de actividades económicas.»
La reducción de la ineficiencia estatal
Mediante esta transformación, detallan en la Rosada, «el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de reducir la burocracia excesiva y permitir a los ciudadanos avanzar con sus trámites sin pérdidas innecesarias de tiempo y recursos. Este cambio representa un ahorro para quienes emprenden, eliminando el rol del Estado como un obstáculo en la realización de actividades legítimas».
Qué dicen los anexos del decreto oficial
En los anexos del decreto que puso en vigencia el silencio positivo se especifica un listado de trámites que están alcanzados por este mecanismo y los que no. Entre los que sí, figuran la solicitud de baja o suspensión de la actividad de guía de parques nacionales, la exportación o importación de restos paleontológicos, el registro de productoras o agencias científicas, el registro de actrices y actores de doblaje y la autorización de certificado para operadores de turismo estudiantil.
A su vez, en otro anexo se enumeran todos los trámites para los que no rige el silencio positivo, entre los que figuran la modificación de datos del registro de bases de datos públicos, solicitud de inscripción de guías de parques nacionales, el visado de planos de mensura, solicitud de reconocimiento como refugiados, el reconocimiento institucional de las poblaciones rurales y la autorización para uso de fuego en áreas protegidas, entre otras.
