La Fundación Apolo denunció penalmente en Argentina al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores durante su asilo en el país durante el último gobierno K.
De acuerdo con la denuncia, diversos testimonios y fuentes señalan que Morales convivió en Argentina, durante su estadía entre 2019 y 2020, «con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y personales en un contexto que».
En un testimonio, Angélica Ponce, exdirigente intercultural boliviana y allegada a Morales, por ejemplo, denunció que durante sus visitas al ex presidente Argentina, observó a menores cumpliendo roles que describió como «serviles» en la residencia del expresidente pagada por el gobierno argentino.
Ponce también afirmó que Morales recibía «niñas como obsequios» de quienes deseaban obtener favores gubernamentales, agregando que este tipo de hechos era ampliamente conocido en los círculos cercanos al expresidente.
La presentación judicial, respaldada por testimonios y publicaciones periodísticas que citan esos casos, se basa en los artículos 145 bis, 145 ter, 119 y 120 del Código Penal Argentino.
La denuncia fue presentada por el director de la Fundación Apolo Yamil Santoro, el jefe de legales de la entidad, José Magioncalda, y el abogado Ignacio Falcón.
Por sorteo, la causa recayó en la jueza federal María Servini y fue registrada bajo el nro CFP 4621/2024.
El gobierno de Alberto Fernández la dio a Evo la condición de asilado porque su renuncia a la presidencia que presentó como un supuesto golpe. Le pagó todos los gastos de su estadía en la Argentina e incluso viajó en el avión presidencial T01. Pero el mes pasado, el gobierno de Javier Milei le quitó el status de asilado a Morales.
Evo Morales y el presidente de Boca Jorge Ameal en la Bombonera en marzo de 2023.Además, el abogado K Franco Bindi, cercano a los servicios de inteligencia K y a la petrolera venezolano PDVSA, y ex dueño un grupos de medios oficialistas, apareció como amigo, guía y custodio del ex presidente de Bolivia Evo Morales.
Evo viajó en marzo de 2023 por la Argentina en el avion LV-JUN junto con con Bindi por Neuquén, Chubut, Rosario, Salta y Jujuy. Incluso, le sacó una foto durante una visita al estadio de Boca.
Además, a Bindi se lo vio en las fotos detrás de Evo Morales y del diputado K Eduardo Valdés en la cumbre del Grupo de Puebla y otra en el PJ nacional detrás del dirigente piquetero Luis D’Elia. La visita a Jujuy fue filmada por Radio Kawsachun Coca y subida a su página de Facebook
Además, la Fundación Apolo recordó que no es la primera vez que el expresidente enfrenta denuncias de esta índole. En 2020, medios bolivianos difundieron información sobre una supuesta relación entre Morales y Noemí Meneses Chávez, una joven que habría tenido tan solo 14 años cuando comenzó una relación con el exmandatario.
En el 2020, la dirección de Migraciones de la Argentina se negó a informar ante el reclamo de la fundación Apolo sobre el ingreso de una supuesta víctima de abuso, invocando confidencialidad sobre la información de personas que ingresan o egresan del país. Por ese motivo, se presentó un recurso ante la Agencia de Acceso a la Información Pública que posteriormente también fue rechazado.
El texto de la denuncia subraya la gravedad de los hechos y sostiene que estas conductas «vulneran no solo derechos fundamentales, sino también normas de derecho internacional en cuanto a la protección de menores y el combate a la explotación y tráfico de personas».
Evo Morales y Cristina Kirchner en la cumbre del Grupo de Puebla en 2023. Apolo instó a la Justicia argentina a iniciar una investigación exhaustiva que determine si Morales incurrió en acciones punibles bajo el marco legal local y que resguarde los derechos de las posibles víctimas.
Con esta presentación, la Fundación Apolo reitera su compromiso de combatir la corrupción y la impunidad, destacando que estos actos, de ser comprobados, afectan «no solo a las víctimas directas, sino que socavan la justicia y la integridad del sistema judicial en ambos países».
