Los tentáculos de Santiago Caputo también llegan al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), una caja de más de US$ 150 millones que se nutre con aportes de las ensambladoras de Tierra del Fuego beneficiadas con las exenciones impositivas.
La funcionaria en cuestión es la presidenta de este fideicomiso, Noelia Ruiz, cuyas decisiones han generado controversia en un sector de oficialismo por polémicas designaciones y por la intención de suscribir un millonario contrato con un estudio de abogados que reemplazaría la auditoría que, hasta comienzos de año, realizaba la Universidad de Tres de Febrero (Untref).
La joven, ex diputada bonaerense del PRO y que desembarcó en el área en julio pasado como la «Killer de Caputo«, llegó a este cargo por sugerencia de otro ex dirigente del PRO, Guido Giana, amigo de uno de los vértices del «triángulo de hierro» del Gobierno.
El año pasado, Ruiz hizo campaña en la Provincia de Buenos Aires para Diego Santilli y en sus redes sociales tiene fotos con Mauricio Macri, hoy el principal enemigo de Santiago Caputo, su nuevo jefe.
Las empresas electrónicas y aquellas beneficiadas con las exenciones impositivas en la provincia austral contribuyen a un fideicomiso creado durante la gestión de Matías Kulfas en Producción para estimular inversiones, como puertos o generadoras eléctricas. El patrimonio del mismo se constituye mayormente con parte de los recursos que las firmas recaudan por no pagar el IVA por la venta de los productos manufacturados.
Pero este fondo quedó en la mira cuando desde el Ejecutivo manejaban la idea de eliminar los fideicomisos que servían para los «curros de la política», en pleno agite libertario por el debate de la Ley Bases. Al igual que con el destino del histórico beneficio a las ensambladoras electrónicas -una en manos de Nicolás «Nicky» Caputo, tío del influyente asesor presidencial-, aquí también hubo un giro oficial: el FAMP no fue liquidado y por ello su directorio sigue analizando qué proyectos financiar para fomentar actividades como el turismo.
Desde hace meses todas las miradas apuntan a Ruiz, que además tiene un cargo como directora en Arsat, donde el influyente asesor presidencial también pisa fuerte, por supuestamente promover «un cambio de reglas» desde sus oficinas del tercer piso de la sede gubernamental de Diagonal Sur, como «pautas discrecionales» para fijar proyectos, la contratación de unos 10 profesionales -«hasta trató de designar a una psicóloga», acotó una fuente oficial consultada– o intentar incorporar a un estudio de abogados para una auditoría.
Si bien la titular del triunvirato está autorizada a promover contrataciones porque el Fondo prevé destinar un 1% de los recursos a gastos administrativos, no deja de llamar la atención este último dato en una gestión en la que se promueve la austeridad.
En la próxima reunión de temario se podría avanzar el acuerdo con el estudio HSR Abogados, con el argumento de que serían los encargados de velar por la legalidad de los proyectos en estudio. Paradójicamente, esa labor la dejó de hacer la Untref por la erogación millonaria que ese convenio le demandaba al FAMP. Pero el contrato con el estudio de abogados, según fuentes oficiales, sería de unos $20 millones al mes. Ruiz, fue consultada por Clarín pero evitó contestar.
Hasta marzo pasado en las cuentas del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), que también depende de Economía, se contaban unos US$ 150 millones correspondientes al FAMP. Más allá de las controversias internas, en el oficialismo reconocen que hoy prevalece una «postura ambivalente» hacia el impulso a la obra pública. Hasta ahora no se aprobó ninguno de los proyectos requeridos para dotar de mayor infraestructura al territorio fueguino.
El directorio del fideicomiso también tiene una misión importante: controlar los reportes que envían periódicamente las empresas beneficiarias con el régimen impositivo referidos al destino del «ahorro» de una parte de lo recaudado que, en teoría, deben volcarlo a inversiones productivas.
Es en este marco, que Ruiz ha venido ganando protagonismo en esta área con el supuesto padrinazgo del asesor estrella de Javier Milei. Como sea, Santiago Caputo viene acumulando poder en más de una decena de áreas clave del Gobierno y esta semana sumó influencia en ARCA, el organismo recaudador que nació de la disolución de la AFIP.
