Mientras el debate público del Presupuesto 2025 avanza en comisión, la negociación se da a puertas privadas en el despacho de Martín Menem donde delegados de la Casa Rosada ya tuvieron varios encuentros con los bloques dialoguistas que presentaron su «semáforo» de temas. Tanto en el radicalismo como en el bloque federal que preside Miguel Angel Pichetto los puntos tienen que ver con los fondos para universidades, jubilaciones y las transferencias a gobernadores.
La oposición insistió con que el ministro de Economía, Luis Caputo, asista a la comisión, de hecho esta semana se le dio dictamen a un proyecto para obligarlo. Desde la Rosada le ofrecieron una reunión a solas con Caputo, pero los legisladores, desconfiados, rechazaron.
Al igual que cuando se debatió la Ley Bases, aterrizó en Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para encabezar los encuentros, por separado, con referentes de la UCR y del bloque Encuentro Federal. También estuvieron el presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
Por el bloque federal estuvieron Nicolás Massot, Ricardo López Murphy y el cordobés Ignacio García Aresca, quienes marcaron la cancha de entrada: le advirtieron al Gobierno que están preparando un dictamen propio.
En el encuentro López Murphy se encargó de protestar por la discrecionalidad que presenta el Presupuesto a raíz de las previsiones subestimadas de inflación, dolar y otras variables. «Van a recaudar más de lo que dicen, que se fije a dónde o cómo se va a destinar ese sobrante», plantean.
Desde el Ejecutivo responden con una promesa vaga de que si hay más recaudación no va a haber más gasto, sino que bajarán impuestos.
Massot, por su parte, volvió a la carga con un ya viejo reclamo de la bancada: el recorte de gasto tributario por parte del Ejecutivo, que permitiría tener más holgura en partidas de educación y jubilaciones. Es una propuesta compartida con sectores como el de la Coalición Cívica.
En la ley bases la oposición había incorporado un artículo que obligaba al Ejecutivo a revisar los regímenes y en un plazo de 60 días enviar al Congreso una propuesta para recortar exenciones, como el programa de promoción industrial de Tierra del Fuego, y así incrementar los recursos en hasta 2 puntos del PBI. Pero ese artículo fue eliminado por el Senado con más de dos tercios de los votos.
También ponen en esa mesa de recorte la recaudación de Bienes Personales que recientemente se bajó la alícuota. Pero en el Gobierno apuntan a que forma parte de un paquete junto al blanqueo, no se va a tocar. «En definitiva el Ejecutivo tiene otras prioridades. Es difícil ponernos de acuerdo», afirman.
En la UCR les resulta impasable el artículo 68 que deroga la movilidad de las asignaciones familiares porque apuntan que al sacar la actualización automática se volverá un gasto discrecional y tendrá un efecto muy negativo en las familias.
Tampoco están dispuestos a avalar el artículo 69 que ratifica el DNU de jubilaciones de Milei. Siguen insistiendo con el 8% que la inflación de enero le comió a los jubilados.
La suspensión de la obligación de destinar 6% del PBI a la educación y el incumplimiento del fondo nacional de bosques son otros puntos de reclamo masivo de la bancada radical.
Si bien hubo algunas leves promesas de retoques de redacción y revisión, el oficialismo todavía está en período de recolección de inquietudes. «Están viendo por un lado lo que pedimos nosotros y por otro lado qué piden los gobernadores a ver qué cuenta les sale más barata», dispara un alfil de peso federal.
Sin embargo, al oficialismo le alcanzó con mover legisladores para garantizarse un tercio y blindar los DNU pero para aprobar un proyecto requiere una mayoría mucho más amplia y solo con diputados que responden a mandatarios no alcanza.
Esta semana el debate del Presupuesto continuará con la exposición del secretario de Turismo Daniel Scioli y la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo.
