La gran apuesta del Gobierno para traer dólares frescos al país entró en etapa de cuenta regresiva. Según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo ya terminó de delinear la última reglamentación para que empiece a funcionar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Como contrapartida, importantes actores del sector privado aguardan que este viernes en el Boletín Oficial se publique la resolución que indique precisamente los pasos para presentar proyectos y qué criterios serán utilizados para evaluar si ingresan a este esquema de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.
Por parte del Gobierno, el coordinador de las áreas de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, y hombre fuerte de la comisión que evaluará si las inversiones pueden adherir a las excepciones previstas, ya había realizado un anticipo de esta medida cuando participó de un evento en la Comisión Nacional de Valores y manifestó, hace una semana: “Es un régimen que si lo aplicamos bien no debiera tener costo fiscal, pero si se cuelan inversiones que iban a hacerse de todas maneras y tienen alícuota menor, sí puede tener costo fiscal. Por eso es importante desde el Gobierno hacer un análisis serio sobre qué entra y qué no en el RIGI”.
Sobre este último punto sobrevuela la inquietud del sector privado: qué criterios empleará el Gobierno para aceptar o rechazar un proyecto que desea aplicar al RIGI. En el equipo de una empresa importante que planea presentar una inversión pusieron un ejemplo. “¿Qué significa distorsión del mercado local o qué márgenes se van a tolerar? Porque para los que exportan no va a haber problema, pero los que venden su producto en el país sí podrían generarla, como el caso de una cadena hotelera que de repente podría pagar menos impuestos que una ya establecida”, explicaron.
El sello final para ser aceptado en el RIGI dependerá del Comité Evaluador, que estará conformado por una funcionaria de Presidencia, María Ibarzábal, actual secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, y varios funcionarios del Ministerio de Economía. Entre ellos, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, el de Producción e Infraestructura, Juan Pazo, de Finanzas, Pablo Quirno, de Hacienda, Carlos Guberman, y de Legal y Administrativa, José García Hamilton.
Pese a que resulta un equipo grande por cantidad de nombres y áreas gubernamentales involucradas, hay uno de ellos que tendrá más funciones que los otros. Se trata de Daniel González, quien tendrá a su cargo la Unidad Coordinación RIGI.
Una de las principales funciones de esta Unidad de Coordinación será asistir al Comité Evaluador con toda la información técnica necesaria para definir la adhesión o rechazo de un proyecto al RIGI. De esta manera, González se ubicará en los dos equipos o lugares de la cadena: define en el Comité y lidera la usina de ayuda técnica.
La otra cara de esta historia le pertenece al sector privado con sus potenciales grandes inversiones. Para aplicar al RIGI se precisa asegurar al menos US$200 millones. Según pudo confirmar LA NACION, pese a que existen varios anuncios, hay al menos dos proyectos que confirmaron buscarán presentar sus carpetas al Comité Evaluador.
Una de ellas es YPF, que proyecta construir un ducto en Vaca Muerta Sur de 440 kilómetros entre Allen y Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. Tal informaron desde la empresa, ese trabajo representaría una inversión de US$2500 millones.
La siderúrgica Sidersa también manifestó su deseo de ser la primera en anotarse en el RIGI. Planea construir una planta en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, a la que informalmente nombraron “la Lamborghini de los fierros”. Este proyecto supondría una inversión de US$300 millones, de los cuales US$100 millones pertenecen a financiamiento que la compañía consiguió de parte del BID Invest.
