El Gobierno anticipó este miércoles que podría avanzar con una intervención de la Asociación del Fútbol Argentino, si se realiza la asamblea que fue suspendida por una decisión administrativa.
Así lo aseguró Daniel Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), quien adelantó que el Ministerio de Justicia podría intervenir la AFA.
“Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, expresó en diálogo con radio Rivadavia.
El funcionario explicó que en septiembre, el dirigente de Talleres, Andrés Fassi, se presentó a la IGJ para cuestionar la convocatoria realizada para renovar el mandato del actual presidente.
“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal; y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”, desarrolló el funcionario en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia.
Vítolo aclaró que se trata de «escenarios legales» y que la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona podría disponer la intervención de la entidad, que es una facultad del ministro.
Vítolo es quien firmó la resolución que suspendió dos puntos clave de la Asamblea del jueves en la Asociación del Fútbol Argentino: el 8 y el 16, el que permitía la re-reelección de Claudio Tapia y las modificaciones reglamentarias para anular los descensos.
Existen dos razones que habilitarían a la IGJ a pedir la intervención de la AFA, ya que se trata de una asociación civil, ante el Ministerio de Justicia. Primero, si verifican actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento. Segundo, si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público.
La AFA mandó una carta a la FIFA y otra a la Conmebol para que advirtieran las consecuencias negativas de una intervención gubernamental en la asociación. Además, fue a la Justicia para cubrirse legalmente a la hora de la Asamblea. La respuesta de Christian Ricardo Pettis fue que no se verificaba un “caso judicial”.
