La región cocalera del Chapare y una carretera secundaria en el centro de Bolivia estaban tomadas el lunes por manifestantes tras el llamado a un bloqueo nacional de vías por parte de seguidores del ex presidente Evo Morales para evitar que sea detenido después de negarse a comparecer ante la fiscalía que lo investiga por supuesto estupro, trata y tráfico de menores.
La Fiscalía General de Bolivia pidió al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere activar la alerta migratoria contra el ex presidente por seis casos de posible corrupción que supuestamente «quedaron impunes», informó este lunes uno de los denunciantes.
El exdiputado opositor Amilcar Barral dijo que, junto a la también exparlamentaria Yesenia Yarhui, presentó ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, una solicitud para que se active la alerta migratoria y que se abra una investigación contra Morales en seis casos.
«Solicitamos de manera urgente la activación de alerta migratoria contra el ciudadano Evo Morales con el objetivo de evitar su posible fuga y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales», dice la nota enviada el 9 de octubre.
La policía dispersó a manifestantes que pretendían cortar una ruta vital entre el occidente y el oriente del país. Las organizaciones sociales que respaldan a Morales convocaron a los bloqueos “para resguardar la libertad, integridad y el secuestro de nuestro hermano Evo Morales”, según la resolución adoptada el fin de semana en un encuentro que presidió el propio líder cocalero.
“Es una medida desesperada para evitar que la justicia cumpla su trabajo”, dijo el ministro de Justicia, César Siles.
Evo, que gobernó Bolivia por 14 años (2006-2019), acusa a su heredero y sucesor, el presidente Luis Arce, de “armar” el caso para invalidar su postulación a los comicios presidenciales de 2025 por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
“A través de sentencias buscan arrebatarnos la sigla” del partido y pretenden “inhabilitarme con procesos judiciales”, dijo Morales en X, antes Twitter, el lunes. Sus seguidores instalaron vigilias en el Chapare para evitar su aprehensión.
La acusación se enmarca en una guerra política entre Arce y Morales por el control del aparato partidario de cara a los comicios que tendrán lugar en 10 meses. El MAS ha quedado dividido y con su hegemonía política debilitada.
Las acusaciones
Morales aduce falta de garantías para presentarse a declarar y la fiscal que lo investiga Sandra Gutiérrez dijo que corresponde emitir una orden de detención, aunque según el ministro Siles hasta ahora no ha sido emitida.
El padre de la entonces menor con la que Morales habría sostenido una relación en 2016 está detenido y la policía busca a la madre.
Bloqueos instalados por seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) este lunes en Puente Ichilo. Foto EFEArce ha convocado a Morales para la tarde del lunes a dialogar sobre sus peticiones, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Hasta ahora no ha prosperado ningún acercamiento. El diputado Renán Cabezas, afín a Morales, dijo que puede ser una “trampa” y descartó que Morales acuda a la cita.
Opositores y analistas alegan que el gobierno usa el caso para desviar el foco de los problemas económicos del país como el aumento en el costo de vida, el desabastecimiento de diésel y la escasez de dólares que encarecen las importaciones.
“Morales apunta a Arce como su enemigo político; Arce cree que su enemigo es Morales, pero el enemigo de Arce es la economía”, comentó el ex vocero presidencial del mandatario, Jorge Richter.
Mientras el caso acapara la atención mediática, el lunes se iniciaba un juicio oral en contra de los líderes de la protesta de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, entre ellos la presidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ambos en prisión.
Áñez ya fue condenada a 10 años en otro caso similar mientras Camacho lleva casi dos años en prisión sin sentencia.
Las protestas que dejaron 37 muertos estallaron en 2019 tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que Morales buscaba un tercer mandato. Áñez, Camacho y otros demandados deben responder por cargos de terrorismo, sedición y conspiración y han denunciado faltas al debido proceso y violación de sus derechos.
