La ratificación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario por parte de Diputados abrió una nueva polémica en el Congreso porque la oposición acusa al Gobierno de querer «ahogar a las universidades» con la excusa de que no existen controles sobre las 66 instituciones nacionales. Sin embargo, desde el oficialismo advirtieron que irán «a fondo» para garantizar la transparencia en las gestiones de los rectores.
La polémica se instaló a fines de noviembre de 2022, cuando a partir de un acuerdo entre el entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y el ex ministro de Economía,Sergio Massa, se hizo una interpretación de la ley que regula las auditorías a los organismos del Estado y se concluyó que el control que venía realizando la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) “no resulta aplicable a las universidades nacionales».
Pero desde que la oposición instaló el proyecto que aumentaba el presupuesto del sector y los salarios de docentes y no docentes, el oficialismo cuestionó la falta de transparencia de las universidades. El histórico dirigente radical Jesús Rodríguez, ex presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), declaró que en el gobierno de Javier Milei hay «una continuidad» de lo resuelto durante la administración de Alberto Fernández de separar a la SIGEN del control de las universidades.
Por eso, dentro de la oposición advierten que «no tiene mucho criterio» la posición del actual síndico general Miguel Blanco e incluso lo acusan de estar «desinformado de sus competencias y responsabilidades». El funcionario le dijo a este diario que el Gobierno analizaba eliminar la resolución de Zannini o aplicar el artículo 59 de la ley de Educación Superior para que la SIGEN supervise las cuentas de las casas de altos estudios.
En rigor, la Ley de Administración Financiera establece que la SIGEN y la AGN «serán los órganos rectores de los sistemas de control interno y externo, respectivamente”. El primero de los organismos audita las cuentas en forma inmediata, mientras que el segundo lo realiza con posterioridad y no sólo hace un análisis financiero sino también de gestión y de desempeño.
Por eso, desde el radicalismo insistieron con que el Gobierno puede hacer una auditoría sobre las universidades a través de la sindicatura, «pero no quiere dar vuelta una resolución de Zannini y prefiere ahogar financieramente a las universidades».
Incluso, Danya Tavela señaló a Clarín que las universidades «siempre trabajaron en conjunto con la SIGEN para auditar las gestiones». «Está muy bien que revisen las gestiones, es lo que hay que hacer. Igual no van a encontrar lo que buscan, son excusas para bajar el prestigio de las universidades«, advirtió la diputada. En tanto, Pablo Juliano, quien está en la línea de Facundo Manes, advirtió que «en 10 meses de gobierno no han propuesto nada en materia de auditorías de las universidades».
Lo cierto es que tras el veto de la ley de financiamiento universitario, el Gobierno anunció que a través del secretario de Educación, Carlos Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, iba a consultar al Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, sobre la posibilidad de revisar y derogar el dictamen de Zannini.
Desde la oficina de Martín Menem, la línea directa que la Casa Rosada tiene con el Congreso, dejaron trascender la decisión de bajar la resolución del ex funcionario K al tiempo que aseguraron que «se va a avanza a fondo» con las auditorías para «determinar cuál universidad tiene irregularidades».
Martín Menem y Gabriel Bornoroni durante la sesión que trató el veto a la ley de financiamiento universitario. Foto: Emmanuel Fernández.Por su parte, el PRO había emitido un comunicado para explicar las razones de su apoyo al veto de Milei a la ley de financiamiento universitario en el que advertía que dentro de los errores del Gobierno no sólo estaba el no haber derogado la resolución de Zannini sino también el no haber conformado la AGN, ni la bicameral Revisora de Cuentas, que es la que debe avalar el plan de acción de la auditoría.
Los libertarios salieron a cruzar este análisis de su principal socio legislativo y señalaron que es «una falacia» esa interpretación y alertaron que «hay una falta de transparencia activa en algunas universidades». Pero más allá del contrapunto, el diputado Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Mauricio Macri, alertó sobre las dificultades para auditar a las universidades y señaló que los análisis demandan un año los informes.
Recientemente, la AGN, que preside el peronista Juan Manuel Olmos, anunció su plan de acción que incluye auditar las universidades nacionales de Córdoba, La Plata, Jujuy, Salta, Formosa y del Nordeste. Mientras que en 2025 se analizarán las gestiones de la Facultad de Medicina de la UBA y las universidades públicas nacionales de San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, de la Patagonia de San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda, y nuevamente, la del Nordeste.
Este plan de acción debería ser aprobado por la bicameral Revisora de Cuenta que aún no se conformó porque sólo fueron designados los representantes por Diputados pero están pendientes los nominados por el Senado. La intención del oficialismo, una vez que se conforme la comisión, será revisar las cuentas del gobierno anterior, ya que desde 2022 no funciona. No obstante, la AGN no necesita que se exprese a comisión para avanzar con los informes sobre la gestión de las universidades.
