LA PAZ.- El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está en el centro de un escándalo judicial que lo involucra en graves acusaciones de violación de una menor y trata de personas. Según denuncias que salieron a la luz recientemente, Morales está acusado de abusar de una chica de 15 años durante su mandato, con quien habría tenido una hija.
El caso fue denunciado por el gobierno de su exministro y actual presidente, Luis Arce, y exacerbó la tensión entre ambos líderes políticos, quienes están en pugna por el control del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las elecciones presidenciales de 2025.
El ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, confirmó ayer la gravedad de las acusaciones y señaló que la menor fue violada cuando tenía 15 o 16 años. Como resultado de este acto, la joven habría dado a luz a otra niña, cuyo certificado de nacimiento indica que Morales es el padre.
“Existe un proceso abierto que está en curso de investigación”, explicó Siles en una conferencia de prensa y dijo que este es solo uno de los varios casos judiciales que se han activado en contra de Morales.
El escándalo judicial también desató una controversia sobre la justicia boliviana, luego de que la fiscal del departamento de Tarija, Sandra Gutiérrez, fuera destituida tras ordenar la detención del expresidente por el presunto delito de trata de personas.
La fiscal Gutiérrez estaba investigando a Morales a partir de una denuncia que fue presentada la semana pasada con un base en un informe policial de inteligencia.
Pero Gutiérrez declaró que fue separada del caso de manera arbitraria, y afirmó que su destitución fue ordenada por el fiscal general, Juan Lanchipa, después de que una jueza anuló la orden de captura que ella había emitido. “Yo no renuncié, pero me llegó el memorándum de agradecimiento firmado por el señor Lanchipa”, dijo Gutiérrez.
El fiscal general, sin embargo, sostuvo que Gutiérrez fue removida por “conducta negligente” y negó haber dado instrucciones para frenar el proceso en contra de Morales. Aunque la fiscal fue destituida, Lanchipa afirmó que la investigación sigue en curso.
La justicia, según la propia fiscalía, dejó sin efecto la orden de captura.
En la resolución de detención contra Morales -cuyos apartes fueron filtrados a la prensa- se señala que en 2016 el entonces presidente se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija.
Sin aludir al expediente, Morales publicó en su cuenta en X: “Hace mucho informamos que el gobierno de Luis Arce decidió convertirse en un gobierno fascista y antipopular. Renunciaron a resolver cualquier diferencia de forma democrática, para pasar a la persecución judicial. El abuso judicial se convirtió en la única herramienta disponible para un gobierno vaciado de legitimidad”.
Ante el revuelo que causó la declaración de la fiscal Gutiérrez, los seguidores de Morales dijeron que su líder se encuentra en algún lugar del Chapare -una región central de Bolivia conocida por su producción de coca y su fuerte vínculo con Evo Morales y los cocaleros- que es su hogar y su bastión político.
Ahí dicen que está rodeado de sus leales compañeros de muchas luchas sociales y políticas. No existe ninguna orden de detención en su contra, porque sus abogados interpusieron un recurso judicial para suspender la que ya existía.
“Hermanos y hermanas del Trópico (Chapare) se han movilizado clandestinamente, se han constituido en los vigilantes, en los guardaespaldas, en los protectores de la vida de Evo Morales”, afirmó su exministro y abogado Carlos Romero en una declaración a los medios.
La batalla legal entre Morales y el gobierno actual no es nueva. En 2020, durante el gobierno de Jeanine Áñez, se intentó procesar al exmandatario tras la aparición de fotos en el celular de una menor de edad que lo vinculaban a ella. No obstante, ese proceso no prosperó, al igual que otros que se han presentado en su contra.
El abogado Carlos Romero confirmó que hay al menos cinco procesos activos en contra del expresidente, pero evitó dar más detalles.
La polémica llega en un momento en que Bolivia se prepara para elegir a su nuevo fiscal general y a los máximos magistrados del país mediante el voto popular en diciembre.
La oposición ha criticado duramente el manejo del caso. La senadora opositora Andrea Barrientos lo calificó como un “circo” montado por el MAS, insinuando que Morales no enfrentará consecuencias reales. “¿Realmente piensan que Evo Morales va a ir preso?”, cuestionó en sus redes sociales.
La tensión en torno a Morales también trascendió las fronteras, ya que, recientemente, el presidente de Argentina, Javier Milei, le retiró el estatus de refugiado político que había recibido en 2019 tras su renuncia. Este episodio, que dejó 37 muertos, se originó por denuncias de fraude electoral que forzaron a Morales a abandonar Bolivia.
El líder indígena, sin dar pistas sobre su paradero, escribió: “Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron”.
Hasta antes del miércoles, ni la fiscalía, el gobierno o el propio exmandatario habían informado sobre la investigación que reveló la destituida fiscal de Tarija.
Agencias AP y AFP
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