Una fiscal boliviana denunció que fue destituida por encabezar una investigación penal por trata y tráfico de personas que involucra al expresidente Evo Morales.
La exfiscal Sandra Gutiérrez, de la región sureña de Tarija, dijo el jueves a la televisora estatal Bolivia TV que de la forma “más grosera” le pidieron que deje el caso contra Morales. “Y como no lo hice, he recibido mi destitución”.
Sin embargo, el Fiscal General Juan Lanchipa aseguró poco después que el alejamiento de Gutiérrez se debió a que cometió “errores de procedimiento” y “negligencia” y confirmó que la investigación contra Morales continúa.
Por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad la fiscal no dio detalles aunque explicó que interpuso una orden de aprehensión contra Morales para que concurra a declarar que fue invalidada por otros fiscales.
Morales, quien se encuentra en el Chapare —una localidad del centro de Bolivia donde está su feudo de cocaleros— publicó el jueves en su cuenta de X, antes Twitter, que “no me extraña, ni me preocupa! Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron… ¡No tengo miedo! ¡No me callarán!”.
No es la primera vez que se intenta interponer una denuncia contra Morales. En 2020 el gobierno de la entonces presidenta Jeanine Áñez lo acusó tras encontrar fotografías en el teléfono celular de una menor de edad junto al expresidente. Ninguno de los procesos ha prosperado.
La defensa del exmandatario (2006-2019) aseguró que se trata de una persecución política contra Morales, quien mantiene una fuerte pugna con el actual presidente Luis Arce por el control del oficialismo.
Morales ha anticipado que se postulará a las elecciones presidenciales de 2025 por el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), un partido fracturado entre sus partidarios y los de Arce. Por su parte, Arce ha acusado a Morales de alentar protestas que piden su renuncia.
Carlos Romero, abogado y ex ministro de Gobierno de Morales, confirmó que existen otros cuatro procesos abiertos contra Morales pero no dio detalles.
La reactivación de los casos contra Morales ha puesto en tela de juicio a la cuestionada justicia boliviana, que en los próximos días debe elegir un nuevo Fiscal General y en diciembre a los máximos magistrados mediante el voto popular.
La oposición calificó el caso de “circo” montado por el MAS. “¿Realmente piensan que Evo Morales va a ir preso?”, publicó la senadora opositora Andrea Barrientos en su cuenta de X.
El analista político Marcelo Silva señaló que la pelea entre Arce y Morales ha “dañado la institucionalidad democrática, ha dañado la economía y ha dañado absolutamente la justicia”.
En varias ocasiones organismos internacionales han cuestionado la falta de independencia de la justicia boliviana.
“Este tema hunde más la imagen de Evo Morales… Es un tema complicado y delicado y creo que es importante que se investigue”, agregó Silva.
La polémica se produjo poco después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, le retiró a Morales el estatus de refugiado político que su predecesor Alberto Fernández (2019-2023) le había otorgado en 2019 tras un estallido social por denuncias de fraude electoral que ocasionó su renuncia. El conflicto dejó 37 muertos.
