El día después de la masiva marcha universitaria, Javier Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada con el objetivo de reforzar la idea de que su hoja de ruta “no cambia” y trazar una estrategia para afrontar la movida que la oposición teje para convertir en ley el proyecto de Financiamiento Universitario luego del veto presidencial.
“No cambia en nada la marcha, no nos van a mover ni un milímetro”, dijo el jefe de Estado a su tropa según pudo reconstruir Clarín en una cumbre en la que llamó la atención la ausencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Educación, al frente de las negociaciones con las universidades y los gremios docentes. Horas más tarde, para desestimar cualquier ruido, el Presidente desembarcó en las oficinas del Ministerio de su mejor amiga y posaron juntos con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez, quien recibió la felicitación del jefe de Estado por su performance en el debate con el vicerrector de la UBA, Rmiliano Yacobitti, en el canal de noticias TN. “Lo destrozó, expuso la doble vara que tuvo con la gestión de (Sergio) Massa”.
Más allá de la disputa mediática, este jueves el Gobierno empezó a delinear cómo afrontará la discusión parlamentaria. El escenario no es auspicioso. Por eso, en Casa Rosada, al cabo de la reunión de ministros, apuntaron contra el PRO, que parece estar decidido a no acompañar el veto que Milei publicó este miércoles a la noche a la ley aprobada semanas atrás en el Congreso. El Gobierno necesita el acompañamiento del bloque macrista para tener chances de juntar los 87 votos necesarios (si es que no hay ausencias en el recinto de Diputados) para ratificar la decisión del Presidente.
“¿Desde cuándo al PRO le interesa a las universidades? A la UCR la entendemos, porque es su curro de siempre”, lanzaron, con fiereza, desde el entorno más cercano al Presidente.
En el “triángulo de hierro”, al que suele aludir el mandatario en relación a su hermana Karina y el asesor todoterreno Santiago Caputo, abundaba el enojo porque sostienen que desde el macrismo se apuraron a anticipar que, a diferencia de lo que ocurrió la reforma jubilatoria, esta vez no acompañarían al Gobierno para rechazar el proyecto opositor. Es curioso porque durante el tratamiento del proyecto el PRO votó con La Libertad Avanza.”Sería razonable que acompañen el veto”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una entrevista en LN+ en la que buscó evitar la confrontación pública. Pero, por lo bajo, sobraba bronca.
Es que no tienen dudas de que un eventual desaire del PRO obedece más a la creciente tensión con Mauricio Macri por otros temas que a una diferencia de miradas en torno a los sueldos de los universitarios.
Y, además, sin el respaldo de algunos de los cinco diputados “radicales con peluca” que se sumaron en la discusión por la movilidad jubilatoria, el apoyo del PRO es decisivo pero no excluyente. Lo mismo que el bloque de Encuentro Federal, que conduce Miguel Angel Pichetto, y los diputados sueltos que responden a los gobernadores.
En ese contexto, en el Gobierno avisan que el plan B es rechazar el proyecto en los hechos: “Si hay rechazo al veto, no lo vamos a acatar, porque es ilegal un aumento sin especificar los fondos”, cuestionan, en sintonía con los argumentos que planteó el Presidente en el decreto 879/2024, que contiene el veto, cuando sostuvo que “es manifiestamente violatorio del marco jurídico” porque “el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera es claro al exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.
Con estos argumentos, en el Gobierno desafían a la oposición: “Si quieren ir a la Justicia, que vayan”.
Ese camino, ante la convicción de que el proyecto “es inconstitucional”, tampoco lo descartan en el Gobierno. “La judicialización es una posibilidad, como lo fue con el veto anterior, claro. Por supuesto recurrir a la Justicia es una de las herramientas que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad”, reconoció el vocero Adorni.